La Agrupación Empresarial del Servicio Discrecional de Mercancías de Balears, que está englobada en la FEBT, denuncia que los transportistas de las Islas han pagado este año el gasóleo más caro de todo el Estado, circunstancia que merma su competitividad respecto a las empresas de la Península y Canarias.
«Durante todo 2019 la media de incremento respecto a los precios que han imperado a nivel estatal ha sido de un 8,25 %. Esta situación, junto a otras medidas que se avecinan a partir de enero próximo, no hacen más que incidir en los costes de las empresas», explica el gerente de la Federación Empresarial Balear de Transporte (FEBT), Salvador Servera. El combustible es el segundo coste más importante para las empresas «por lo que cualquier incremento en su precio tiene un impacto directo en los transportistas de las Islas».
Servera apunta que la evolución del precio ha sido progresiva desde enero a diciembre, según los datos obtenidos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). En comparación con el resto de autonomías, «estamos a mucha distancia, lo que beneficia a las empresas de la Península por tener menos costes que los transportistas de las Islas».
Fiscalidad
La patronal del transporte discrecional de mercancías pide al Govern incentivos fiscales en el precio del combustible para paliar la insularidad. Se remiten al texto enviado el pasado año a la Conselleria de Mobilitat, en el que ya solicitaron al Govern que se incluyera al sector del transporte terrestre y marítimo en el futuro Régimen Especial de Balears (REB).
«La insularidad genera un conjunto de desventajas para todos los sectores productivos, que deben ser corregidas o compensadas. Las empresas tienen que competir con las mismas condiciones que determinaría su ubicación en la Península. Exigimos que se equipare como mínimo al precio medio del gasóleo a nivel estatal y Canarias», puntualiza la FEBT.
La patronal exige al Ejecutivo autonómico que se tienen que garantizar a los residentes que «los precios de los hidrocarburos tienen que aproximarse a los precios que se aplican en otras autonomías por simple justicia».