Balears está negociando con el Ministerio del Interior el traspaso de competencias en materia de sanidad penitenciaria. Si bien durante 2019 se produjeron las dos primeras reuniones al respecto, será con el nuevo Gobierno estatal y durante esta legislatura cuando se cumpla la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
La iniciativa se produce por el interés explícito de Instituciones Penitenciarias que ha solicitado a las comunidades que asuman las competencias. «Tienen más urgencia por las dificultades de plantilla, un problema que existe en toda España», explica el director general del IB-Salut, Juli Fuster. Y es que Ultima Hora ya publicó el pasado mes de abril la falta flagrante de trabajadores que afecta a este servicio y que repercute en la salud de los presos.
Balears ha mostrado interés en asumir la gestión de la sanidad penitenciaria que ahora mismo sólo se ha traspasado a las comunidades de Catalunya y País Vasco. «Navarra tiene el proceso muy adelantado y del Archipiélago tenemos una valoración muy positiva», confirman fuentes de Instituciones Penitenciarias. Y es que la decisión deben tomarla las comunidades.
Durante 2019 se hizo una primera reunión entre el departamento de Interior, Delegación del Gobierno, Hisenda, Presidència y Salut en la que se transmitió la voluntad de recibir la gestión. Meses después hubo una segunda reunión entre Salut e Instituciones Penitenciarias para definir la cobertura de cada servicio. «Todavía hay que poner en común los sistemas informáticos para que desde la prisión puedan verse los informes clínicos de aquellos internos que han pasado por el hospital», asegura Juli Fuster.
El proceso debe liderarlo la Conselleria de Presidència y desde Salut auguran que «se retomará con el nuevo gobierno». El siguiente paso pasa por configurar una comisión bilateral que, aunque no es inminente, sí está en la agenda política de esta legislatura.
Plantilla
¿En qué se notará el traspaso? En la plantilla de trabajadores sanitarios de prisión que en las diferentes cárceles de Balears suman una veintena de profesionales. Si bien ahora son funcionarios del Estado, al gestionarlo Balears tendrán que ser personal estatutario.
Además de asumir la plantilla de la que es necesario «ver cuántos son y cuántos deben ser», según el director del IB-Salut, Juli Fuster, se absorverá por completo el servicio farmacológico. De lo que no se ha hablado todavía es del coste que va a suponer.