En Balears, a lo largo de la última década, fueron sustraídos por sus padres o madres más de 150 menores de edad. Según los datos del Informe sobre Personas Desaparecidas que elabora el Ministerio del Interior, cada año hay un goteo de denuncias, que casi siempre son interpuestas por uno de los progenitores contra su expareja por llevarse a un menor fuera de la Isla sin permiso y sin que lo avale ninguna resolución judicial. Estos casos se agravan en supuestos en los que los menores salen del país, como el caso de Olivia, la niña que estuvo ocho años en Polonia con su madre y que fue recuperada hace unas semanas por la Guardia Civil. Cada año, en todo el territorio nacional son unos trescientos los casos de estas sustracciones que se presentan.
La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, María Dolores Lozano, explica que el lugar de residencia de un menor es una decisión que corresponde a quien tiene la patria potestad sobre ese niño que, en la inmensa mayoría de los casos, son el padre y la madre, con independencia de quién tenga la custodia. Así, para modificar la provincia donde vive el menor o, en el caso de Balears, la isla, es necesario un acuerdo entre ambos o bien, en caso de conflicto, una autorización de un juzgado para que quien tiene la custodia pueda vivir en otro lugar con el menor.
Procesos civiles
En caso de que uno de los progenitores tome de forma unilateral la decisión de llevarse al menor, el otro puede acudir a un procedimiento civil para instar la restitución. Lozano explica que desobedecer estas órdenes judiciales desemboca en un delito, como ocurrió en el mediático caso de Juana Rivas. Estos procedimientos son válidos y similares en toda la Unión Europea, que comparte la misma normativa y que reconoce que la decisión sobre la custodia corresponde a los jueces del país en el que vive el niño.
«El problema es en países que no están adscritos al Convenio de la Haya, como algunos árabes, Japón o China. En esos casos es muy difícil recuperar al menor», señala. Los casos que recoge el informe son las sustracciones en las que se produce una denuncia ante la policía o los juzgados, algo que, en muchas ocasiones se lleva a cabo en paralelo al procedimiento civil para pedir la restitución del menor. El informe recoge también que el año pasado constaban en Balears 67 denuncias activas por desapariciones de menores. Todas menos una de ellas –Malén Ortiz, desaparecida en 2013– estaban clasificadas como de riesgo limitado.
El número de este tipo de desapariciones que hay en las Islas es testimonial entre los más de 9.500 en toda España. El informe reconoce que estas cifras son engañosas, ya que se contabilizan a menores acogidos en centros que se fugan y que luego regresan. Las cifras más elevadas corresponden a comunidades en los que hay centros de acogida a menores inmigrantes no acompañados. Muchos de ellos abandonan el centro o el país y constan como desaparecidos.