Balears, Canarias, Ceuta y Melilla propondrán al Gobierno que establezca precios máximos de referencia a los billetes aéreos en las conexiones de sus territorios con la Península y quedar exceptuados de la futura fiscalidad al queroseno.
En nombre de los cuatro territorios, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha leído una declaración conjunta en la que reclaman medidas para garantizar que sus conciudadanos se puedan desplazar en condiciones de «equidad» y para que el descuento del 75 % para residentes que subvenciona el Estado -con un desembolso de casi 600 millones de euros al año- siga resultando eficiente.
Para ello, piden que «se fiscalicen» los mecanismos por los que las aerolíneas fijan los precios de los billetes y se gestione en Bruselas que parte de las rutas entre sus territorios y la Península operen bajo el marco de «obligación de servicio público», lo que permitiría limitar sus precios y regular las frecuencias.
Los gobiernos de las comunidades de Canarias, Baleares y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también han acordado una reclamar al Ejecutivo central una mejora de la conectividad de estos territorios con la Península.
De esta manera, los cuatro territorios han hecho especial hincapié en la importancia de mantener una unidad de acción por encima de intereses partidistas y de las relaciones bilaterales con el Gobierno del Estado, en la responsabilidad que tienen como gobiernos de garantizar la conectividad.
Asimismo, entre los acuerdos recogidos en la declaración institucional está colaborar con el Gobierno de España en la tramitación de la propuesta legislativa para elaborar una Ley Estatal de Movilidad Sostenible que deberá contemplar las singularidades de los cuatro territorios.
Los gobiernos instarán al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a asumir los acuerdos de esta Cumbre para comprometerse en actuaciones concretas, como la creación crear una mesa permanente integrada por representantes del Estado y de los territorios extrapeninsulares que haga el seguimiento y control de la movilidad y que pueda hacer propuestas para mejorarla.
También solicitan establecer Obligaciones de Servicio Público (OSP) para determinadas rutas con la península sobre la base de tarifas máximas o de referencia, frecuencias mínimas, refuerzos estacionales, etc.; un análisis de la aplicación de las subvenciones a residentes en el transporte intermodal hasta el fin del trayecto en conexión con los territorios insulares y ciudades autónomas; independientemente del operador; y fiscalizar el sistema de establecimiento de precios de las compañías para evitar que se produzcan incrementos no justificados de los mismos.
De igual modo, reclaman dar a conocer las conclusiones de los estudios presentes y futuros de movilidad y específicamente los relativos al encarecimiento de los billetes.
Por su parte, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla han visto necesario que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado la exigencia de que la condición de residente se acredite a la finalización del proceso de compra de billetes y no al inicio; y que la situación derivada del Brexit no suponga un incremento de las tasas de navegación.
«Estamos a las puertas -del Brexit-. Sin embargo hay un tiempo de transición que ocupa todo 2020 y proponemos al Gobierno que se busque la fórmula para que no se produzca un incremento de las tasas con este país que estaría en Europa pero fuera de la UE. Creemos que es posible conseguirlo», ha aseverado el presidente canario.
Desde Baleares, su presidenta, Francina Armengol, que ha insistido en la importancia de la unidad de acción y de la mesa de trabajo permanente, ha apuntado que, en tema de precios, durante estos años han funcionado «muy bien» las OSP que hay en Canarias y en Baleares.
«Comparando con los precios, vemos que la subida ha sido de un 1 por ciento en Baleares, un poco menos en Canarias, pero en las conexiones con la Península estamos hablado de aumentos cercanos al 24 por cierto», ha matizado al tiempo que resaltó que hay que bajar los precios de las conexiones con el resto de país.
De igualo modo, los territorios piden la participación en los órganos de decisión de AENA y la gestión compartida de las instalaciones aeroportuarias para desarrollar una gestión más efectiva y ajustada a nuestra realidad social, económica y territorial; y la reducción de las tasas aeroportuarias para mejorar la conectividad.
En este sentido, el presidente de Canarias ha visto necesario reclamar al Gobierno el seguimiento del proceso de adquisición de la compañía Air Europa por el Grupo IAG, porque la concentración empresarial resultante puede suponer una reestructuración de las rutas que operan las diferentes compañías en nuestros territorios.
Finalmente, también han solicitado la compensación de los costes efectivos del transporte de mercancías para abastecimiento de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; la bonificación al transporte marítimo de pasajeros residentes al vehículo embarcado como parte de su equipaje en los desplazamientos a la Península; e implantar mecanismos que garanticen el adecuado traslado de mercancías peligrosas y residuos, así como la mejora de las ayudas que igualen el coste del transporte de las mismas al del resto de mercancías.
Han requerido al Gobierno del mismo modo que inste a la Unión Europea a que las ayudas al transporte no queden sujetas al régimen de mínimos; a compartir y valorar positivamente las normativas que, en materia de transporte marítimo, promuevan la lucha contra el cambio climático e impongan obligaciones de reducción de emisiones contaminantes.
Asimismo, han visto «imprescindible» que se articulen mecanismos que permitan paliar la excepcionalidad del hecho extrapeninsular en materia de transporte, como el establecimiento de ayudas estatales y europeas al sector marítimo que favorezcan la reducción de emisiones contaminantes.
Los cuatro gobierno han exigido también una reducción de tasas portuarias; la vigilancia estricta del mercado por parte de la CNMC; y reclamar a las autoridades competentes que cualquier medida fiscal o económica que pudiera afectar a la conectividad aérea de los territorios extrapeninsulares sea excepcionada en dichos territorios.
Ante todo esto, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla harán una solicitud para reunirse con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y dar a conocer las conclusiones de la cumbre, así como para presentar conjuntamente las iniciativas políticas oportunas.
Torres ha explicado que esta cumbre tiene el objetivo de tener continuidad en el tiempo, por lo que cada año, en la segunda quincena de enero, repetirán este encuentro para ahondar en las necesidades comunes, siendo el próximo año en Melilla.
Precisamente, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha dicho que sus gobiernos no están para luchar ni contra la libre competencia ni contra el libre mercado, sino para «cooperar con el Gobierno y crear competitividad pero frenando aquellas posibles salidas que puedan terminan en un oligopolio, que es lo que nos preocupa».
Por último, y el director general de Fomento de Ceuta, Bharat Bhagwandas, ha señalado que la movilidad es un derecho de los ciudadanos extrapeninsulares que deber realizarse con los mismos niveles de calidad que el resto de españoles, por lo que defendió la «aplicación correcta» de la bonificación del 75%.