El vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, ha manifestado este jueves que racionalizar y reordenar el sector del juego y de las apuestas de manera sólida y con seguridad es el objetivo de la suspensión de la apertura de nuevos establecimientos en Balears durante los próximos dos años. Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Parlament de les Illes Balears.
Yllanes ha explicado que, a pesar de que este será un proceso largo y en el cual se dará voz a todos los actores implicados, hay una serie de objetivos ya marcados como la instauración progresiva de la tasa de reposición que vinculará las nuevas licencias a la baja necesaria de otras previas, según ha informado el Govern en una nota. Por lo tanto, una vez que se aplique esta tasa de reposición, la proliferación de salas de juego quedará controlada. En este sentido, el decreto de planificación al que obliga la suspensión de nuevas licencias determinará cuántas bajas harán falta por cada nueva alta.
También se estudiará el aumento de las distancias mínimas entre establecimientos de juego y centros escolares, centros de salud u otros espacios de gran afluencia por parte de menores de edad y se propiciará la colaboración con la comunidad deportiva para trabajar en favor de la desaparición de la publicidad del juego y apuestas en acontecimientos y actividades deportivas. Además, se llevarán a cabo importantes campañas informativas para que la ciudadanía tome conciencia del riesgo de afecciones que se pueden derivar del consumo de servicios de apuestas y juego.
Por otra parte, el vicepresidente ha explicado las medidas que ya se han materializado desde principios de legislatura como la creación del Observatorio de Juego Online, que ayer mismo presentó un estudio sobre la incidencia de la publicidad de juego al deporte. Pero también el refuerzo de los servicios de inspección de juego, verificación de la publicidad en los espacios públicos, diseño de tareas de control de la oferta en línea y una coordinación fluida y coordinada con los agentes sociales y los colectivos afectados.