El Govern balear sufrió este martes un duro revés parlamentario ya que el desmarque de los diputados de Més per Menorca y de IU le hicieron perder una votación y el decisivo decreto de medidas económicas urgentes se tramitará como una ley. Este lunes fue convalidado por el Parlament, por lo que la norma sigue en vigor, pero el texto queda ahora a expensas de posibles modificaciones durante su tramitación parlamentaria.
En el Ejecutivo llevaban días negociando con el PI y con Més per Menorca que el decreto saliera adelante sin necesidad de mayor tramitación. El equipo de Francina Armengol teme que, a fuerza de cambios provocados por las enmiendas, el texto termine siendo una nueva ‘ley Frankenstein', como ya pasó con la del alquiler vacacional, que tuvo que modificarse de nuevo a las pocas semanas de su aprobación.
A negociar
El Ejecutivo no tendrá más remedio que negociar ahora con cada uno de los grupos parlamentarios el apoyo a las propuestas del decreto ya que Més per Menorca ha anunciado que no está de acuerdo con el contenido. El PI, partido que dio apoyó inicialmente al texto, aseguró este lunes que trabajará para introducir modificaciones ya que discrepa con aspectos como la prohibición del alquiler vacacional en Palma o la desaparición de la colegiación obligatoria para los guías turísticos, además de otras medidas urbanísticas.
«El Govern se ha sometido a una cura de humildad», señaló el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells. En su intervención, lamentó que el Ejecutivo no hubiera hecho nada para pactarlo con su grupo parlamentario. «Si no se nos respeta, no nos sentimos comprometidos», dijo, Castells, quien dejó claro que el Govern deberá decidir ahora si negocia el texto con los partidos de la izquierda o de la derecha.
En nombre del Govern, el vicepresident, Juan Pedro Yllanes, había defendido la norma y aseguró que, con ella, se sientan las bases para la transformación del tejido productivo de las Islas, sin olvidar el turismo.
La obligación de tramitar el decreto como ley es un revés para el Ejecutivo, pero además deja en una posición delicada a dos de las formaciones políticas que lo componen: Més y Podemos. Ambas tendrán que dar apoyo a algunas propuestas que les incomodan, como la posibilidad de que los hoteles aumenten la edificabilidad del 10 por ciento actual al 15 por ciento que permite el decreto.
Incómodos
El portavoz de Podemos, Alejandro López, reconoció que la norma no era un «enfoque cómodo ni deseable» para su formación, pero precisó que en estos momentos se requiere «altura de miras». El portavoz de Més, Miquel Ensenyat, se expresó en términos parecidos: «En otro contexto, algunos de los artículos no habrían tenido nuestro apoyo».
La portavoz del PSIB, Mercedes Garrido, fue la única que aseguró sentirse cómoda con el texto.
El portavoz adjunto del PP, Antoni Costa, acusó al Govern de «ningunear» al Parlament y denunció que el Ejecutivo ha aprovechado para modificar normas que nada tienen que ver con la emergencia provocada por la COVID-19. Denunció que algunas medidas «rozan» el incumplimiento del Estatut y lamentó que se cree un «sistema paralelo» de compras en el IB-Salut.
Cs se abstuvo en la convalidación del decreto y su portavoz, Marc Pérez-Ribas, lamentó que el texto fuera un «cajón de sastre» que no se ha consensuado. Por parte de Vox, Sergio Rodríguez acusó al Govern de practicar una política «absolutista y radical».
Yllanes a Castells: «No tienes ni idea de política»
El vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, salió del Parlament visiblemente indignado y muy molesto con el desmarque del diputado de Més per Menorca. «No tienes ni idea de política», le espetó el vicepresident al diputado al acabar la sesión plenaria en un tono de enorme enfado. «Yo ya hacía política y tú no habías nacido», le contestó cortante el diputado menorquín.
Interrumpción para resolver si tres diputados podían votar en persona
La tensa sesión plenaria que se vivió ayer en el Parlament tuvo como colofón un receso de dos horas para decidir si se permitía o no el voto de tres diputados de la oposición a quienes se les había pasado el plazo para hacerlo de forma telemática. Los tres diputados, Patricia Guasp (Cs) y Jorge Campos e Idoia Ribas (Vox), se presentaron en el salón de plenos con la intención de votar presencialmente.
El president del Parlament, Vicenç Thomàs, les conminó a abandonar la sesión plenaria ya que un acuerdo de la Mesa había limitado el número de diputados presentes en el pleno para mantener las distancias en el hemiciclo. El president les dijo que no podían estar allí y, en consecuencia, no podían votar, pero tanto Guasp como Campos apelaron al artículo 14 del reglamento que determina el derecho de los diputados a ejercer el voto. El diputado de Més per Menorca se unió a estar reclamación y consideró «gravísimo» que no se les permitiera hacer uso «de un derecho inalienable».
La Mesa decidió, finalmente, permitir el voto de los tres diputados, lo que posibilitó que el decreto de medidas urgentes se tramitara como ley. El president del Parlament, Vicenç Thomàs, lamentó que tres diputados hubieran incumplido un acuerdo adoptado por la Mesa por unanimidad.