Los juzgados de Balears afrontan una situación límite. Si el Ministerio de Justicia mantiene el calendario de un concurso de traslado de funcionarios, muchos órganos judiciales de las Islas se verán sin personal en dos semanas. Coinciden dos tormentas a la vez: la marcha de en torno a doscientos funcionarios que regresan a la Península después de ser destinados a la fuerza a Balears y el agotamiento de las bolsas de interinos. Así, el temor es que determinados juzgados se encuentren a finales de mes con sus plantillas literalmente a cero o con uno o dos de los entre seis a ocho funcionarios con los que deberían funcionar.
La semana pasada, el Ministerio de Justicia publicó una estimación de los plazos para el concurso de traslados abierto a todos los funcionarios. El próximo día 19 planteaba publicar en el BOE el listado definitivo y entre el 22 y el 26 de febrero los funcionarios que obtengan plaza en la Península cesarán en sus puestos. Los sindicatos de Justicia señalan que por el momento no hay una cifra exacta de los que se marchan, pero que son decenas. Algunos de los afectados estiman que son en torno a 200 los empleados públicos que han solicitado regresar a la Península.
El origen de esta crisis está en la decisión que tomó hace dos años el Ministerio. Entonces ofertó 350 plazas en Balears para los que habían aprobado las oposiciones. Fue un traslado forzoso. «Nadie quiere venir a trabajar aquí debido al alto coste de la vida y los bajos salarios», señala Pablo Prieto, funcionario. En Canarias, Ceuta o Melilla, el Ministerio paga un complemento de destino de 300 euros mensuales. El de Balears es de 80. Así, la mayoría de los funcionarios que ahora se van tuvieron que dejar sus domicilios en la Península e instalarse en las Islas con sueldos de en torno a 1.200 euros. «Ya lo avisamos entonces, en cuanto han podido concursar se van a marchar», indica Manuel Romero, de Comisiones Obreras.
La situación afecta especialmente en Palma a juzgados de Primera Instancia y de Familia. Algunos de ellos pueden encontrarse con una situación en la que no podrán funcionar. La situación también afecta de forma especial a algunas secciones de la Audiencia Provincial y tendrá un impacto mayor en Ibiza y Menorca que en Mallorca. En total, hay en Balears 1.175 plazas para funcionarios de la administración de Justicia. Se puede marchar un 15 por ciento.
«Nadie quiere venir a trabajar por el alto coste de vida y a los bajos salarios»
La Gerencia del Ministerio de Justicia intenta ahora rehacer el bolsín de interinos e incorporar a más personas para que puedan ir destinadas a los juzgados. También se valora un posible retraso en la marcha de los funcionarios a la Península mientras se cumplen los trámites para incorporar interinos. A finales de la semana pasada las bolsas de gestión, tramitación y auxilio estaban todas agotadas en Mallorca y Eivissa y con los cupos de reserva también al límite y sin plazas.
Menorca fue conocida como la prisión y, hoy día sigue siendo una prisión, por más que la vistamos de seda