Balears incrementará este fin de semana los operativos de vigilancia a fin de velar por el cumplimiento de las medidas contra la COVID-19. El refuerzo de control se produce en lo que las autoridades han calificado como el inicio de la desescalada de las restricciones en las Islas, al mejorar la situación sanitaria por el coronavirus, y al coincidir con el primer fin de semana tras la apertura de la restauración. La consellera de Presidència, Mercedes Garrido, ha señalado que el dispositivo de inspecciones lo pondrán en marcha la Dirección General de Emergencias e Interior, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Locales.
La razón del dispositivo especial de control es que «tras dos meses de restricciones muy duras, se han empezado a abrir establecimientos y la restauración y puede que este fin de semana sea especial en relación al resto», ha dicho Garrido, quien ha valorado que los fines de semanas es cuando «aumenta la relajación» y «hay que hacer un último esfuerzo» y respetar las normas. El operativo extraordinario hará incidencia en el cumplimiento de las medidas de seguridad en las playas y también en los establecimientos.
Mercedes Garrido, junto a la delegada del Gobierno, Aina Calvo; el alcalde de Palma, José Hila, y el presidente de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), Toni Salas, han participado de la reunión del Centre de Comandament Operatiu Integrat (CECOPI) del Pla Territorial de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, para determinar medidas especiales y de refuerzo de cara al inicio de esta desescalada en cada una de las Islas, y especialmente en Palma.
De forma especial se trabajará en que las personas que visiten las playas lo hagan con el uso correcto de la mascarilla, respetando la distancia y la reunión de sólo seis personas de dos núcleos de convivencia. También se vigilará que se cumple la normativa en los establecimientos, que deben cerrar a las cinco de la tarde y no pueden servir sólo alcohol a los clientes.
Sanciones
La consellera ha informado de que se han registrado 11.661 denuncias desde que el pasado julio entró en vigor el régimen sancionador específico para las infracciones de la normativa COVID de la comunidad, y se tramitan propuestas de sanción por 2.180.000 euros, de los que 438.000 euros son para particulares y 1.600.000 para establecimientos. Del total de denuncias 949 han sido a establecimientos. Por islas, 8.197 denuncias se han interpuesto en Mallorca, 952 en Menorca, 2.303 en Ibiza y 209 en Formentera.
La consellera de Presidència ha apelado a la responsabilidad y ha recordado que el no cumplimiento de las normas comporta sanciones. En el caso de Palma, ha detallado el alcalde, José Hila, la Policía Local ha impuesto un total de 11.441 sanciones y hasta 1.419 actas por incumplimiento de la medida de reunión sólo con convivientes.
Baja recaudación
Mercedes Garrido ha reconocido que la cuantía cobrada hasta ahora «es baja» porque estas sanciones conllevan un procedimiento administrativo «largo y garantista» y ha querido aclarar: «Lo importante es que la gente tenga claro que tendrán que pagar la sanción» y que el fin de sanciones no es «recaudatorio sino que la gente cumpla las normas».
Fiestas ilegales
La delegada del Gobierno, Aina Calvo, ha añadido que solo la Guardia Civil y la Policía Nacional han iniciado 375 actas únicamente por incumplimientos de la normativa contra la COVID-19 el pasado fin de semana, cuando se han detectado y desmantelado 9 fiestas ilegales en domicilios particulares.
Se ha referido en concreto a una fiesta con numerosas personas y organizada incluso con traslados de los asistentes, a quienes se puso en riesgo, así como a sus familiares. «No hay sanción que llegue a compensar la decepción que todos sentimos cuando vemos a personas capaces de hacer eso», ha reconocido, pero ha llamado la atención sobre la mayoría de población que sí cumple las normas.
Calvo ha defendido la necesidad de llevar a cabo una «desescalada pausada» y ha destacado que en la actualidad se cuenta con el apoyo que supone la vacunación.
«Nos mantendremos vigilantes y alerta pero apelamos a la responsabilidad y la generosidad hacia los miles trabajadores que están esperando poder tener esperanza en la temporada turística que nos gustaría que comenzara», ha dicho Calvo.
El presidente de la FELIB, Antoni Salas, ha destacado la importancia de la coordinación en la actuación para los municipios y que las denuncias se tramitan con rapidez para que no se perciba laxitud y «para que sirvan de ejemplo y prevención en la no reiteración de estas conductas».