Las denuncias ante la Policía Nacional y la Guardia Civil por usurpaciones y allanamientos de morada crecieron en Balears un 13,6 % en 2020. Fueron 324 los casos de ocupaciones de vivienda en los que se intervino por esa vía. La cifra apunta más a que los propietarios afectados acuden cada vez más a la jurisdicción penal para echar a okupas que a un aumento del problema, cuya dimensión es una incógnita porque los datos oficiales no unifican las diferentes opciones para acabar con este problema.
En paralelo al aumento de las denuncias, bajó el número de demandas ante los juzgados de Primera Instancia para acogerse al mecanismo exprés de desalojo: fueron 149 las ingresadas por 192 en 2019. Y ese mecanismo sólo recoge la punta del iceberg porque a él solo se pueden acoger los particulares, nunca las entidades bancarias o grandes tenedores, principales víctimas de las okupaciones.
El abogado Matías Barón, especializado en entidades financieras, señala: «Las mafias saben perfectamente qué pisos son de los bancos». Explica que las carteras de las firmas se concentran en Balears en los puntos más conflictivos de la okupación como Son Gotleu o La Soledat, que es donde operan estos grupos. Para los bancos, recuperar viviendas por la vía penal plantea varios problemas. El primero que se condena a una persona y es a quien se desaloja, si el piso ha cambiado de inquilino ilegal, todo el proceso se queda en nada. De ahí que la vía que usan sea la de acudir a un juzgado de Primera Instancia para un procedimiento posesorio.
Según la memoria del TSJIB, en 2020 se tramitaron 3.321 de estos asuntos solo en el partido judicial de Palma, pero el dato no discrimina cuáles son de okupas y cuáles de otro procedimiento. Barón señala que el problema que se encuentran las entidades no es que se reconozca su propiedad sino ejecutar los desalojos: «Lo que dilata son las ejecuciones por alegaciones de vulnerabilidad».
El también letrado Agustín Aguiló explica que para los particulares se ha desincentivado este año el uso de la vía civil: «Los reales decretos que bloqueaban los desalojos han llevado a que se acuda más a lo penal». Pone como ejemplo casos en los que se ha logrado la expulsión de un okupa en menos de una semana con una solicitud de medidas cautelares por allanamiento de morada. Sin embargo, señala que aún existe cierta «reticencia» en los juzgados de guardia a tramitar como allanamiento y no como un delito leve de usurpación aún en segundas residencias.
LAS CLAVES:
1. Macrojuicio contra las mafias de okupas este otoño en Palma
La Audiencia celebrará en septiembre el mayor proceso que se tramita en Balears contra las mafias de okupas. 22 acusados del clan de ‘Los Pelúos' serán juzgados por alquilar a inmigrantes viviendas de bancos que ellos mismos habían previamente usurpado.
2. La 'ley Mordaza' provoca 38 sanciones a okupas este año
La Ley de Seguridad Ciudadana o ‘ley Mordaza' sanciona con cien euros las ocupaciones de viviendas. El número de multas ha crecido en los últimos años y, aunque cayeron a 13 en 2020, en lo que va de año se han impuesto 38 sanciones, 14 por expedientes iniciados el año pasado.
3. Las administraciones públicas se suman a las denuncias penales
Administraciones públicas como Cort o el Ibavi se han sumado a la vía penal para echar a okupas, sobre todo en zonas como el Camp Redó. Los resultados han variado en función de que se haya podido acreditar alguna actividad previa para recuperar esas viviendas.