Baleares quiere extender la obligación de tener la doble pauta de vacunación o PCR negativa a diversas actividades cotidianas, incluida la entrada en bares y restaurantes o el acceso a actos culturales. Es una de las propuestas en las que trabaja el Ejecutivo, que se sumará a la exigencia de pedir la vacuna en los grandes eventos deportivos que ya se aprobó en el Consell de Govern.
El Ejecutivo quiere normalizar la petición de este certificado digital con el objetivo de establecer espacios seguros de COVID pero, sobre todo, para fomentar la vacunación entre la población de las Islas, que en estos momentos ronda el 70 % del total.
El problema es que por ahora no puede hacerlo ya que necesita la autorización del Gobierno central, que es quien tiene la competencia. Por esta razón ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que le autorice el uso de esta herramienta para controlar los accesos a estos espacios privados.
Obligatorio en eventos
El Govern ya ha aprobado la obligatoriedad de exigir la doble pauta de vacunación o PCR negativa para acceder a las residencias o grandes eventos deportivos y culturales. También es obligatorio presentar la misma documentación para entrar en las residencias.
El Ejecutivo de Francina Armengol busca que los ciudadanos que aún se resisten a vacunarse lo hagan a la vista de que cada vez será más complicado acceder a recintos si no se ha recibido la vacuna.
El Govern quiere poner estas medidas en marcha a partir del mes de septiembre, junto con la obligatoriedad de estar vacunado o presentar una PCR negativa para acceder a los gimnasios o para participar en entrenamientos deportivos. Por eso ha pedido cobertura legal al Gobierno para hacerlo a través del certificado digital. Si no la logra, el Govern es partidario de ponerlo en marcha y que sean los tribunales quienes decidan si pueden hacerlo o no.
Tanto la presidenta Francina Armengol, como la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, se han mostrado a favor de que la vacunación sea obligatoria, pero el Govern no tiene competencias para ello.
De hecho, el Ejecutivo aprobó un decreto ley en el que se obligaba a vacunarse al personas de las residencias, pero de momento no lo aplica porque el Gobierno le advirtió de que esta medida podrías ser inconstitucional. Ante la imposibilidad de obligar a la vacunación en las residencias, finalmente se ha optado obligar a los trabajadores que no están vacunados a que se hagan tres pruebas semanales de las que al menos dos deben ser PCR. El Govern paga estas pruebas, pero el conseller Iago Negueruela dejó abierta la posibilidad a que no sea así en el futuro.
Los últimos datos facilitados por el Govern este mismo mes indican que, de los 7.128 empleados de geriátricos que hay censados, 6.447 han recibido al menos una dosis (el 90,45 %) y de éstos 6.280 tienen pauta completa (88,10 %).
Las declaraciones
«Es una falta de respeto no estar vacunado», ha dicho la presidenta esta misma semana. Armengol calificó de «irresponsabilidad» que quienes no se vacunen sean además trabajadores de residencias, donde los usuarios son población de riesgo. El Govern también ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez una normativa para toda España que obligue a vacunarse a este tipo de personal sociosanitario.
Según los datos del Govern, hasta el momento hay 7.415 personas que han rechazado la vacuna. De ellas, 2.024 son mayores de 80 años. La segunda franja de edad que más rechaza la vacuna es la que está comprendida entre los 60 y 69 años, donde hay 1.384 personas que no han querido vacunarse.