El Juzgado de Instrucción 11 de Palma mantiene imputados por un delito de abandono de familia a unos padres que se han negado a escolarizar hasta este curso a sus hijos por miedo al coronavirus. Los padres justifican su negativa en los severos problemas respiratorios que ha sufrido una de sus hijas, que ahora tiene siete años de edad y que ha pasado por cinco ingresos en Son Espases, incluidos dos visitas a la UCI pediátrica por sendas neumonías.
La situación de los menores fue detectada por la Policía Local de Llucmajor. En febrero de 2021 un policía tutor localizó a los menores: un niño de cinco años; una pareja de mellizos, de seis y una niña de once. Los más pequeños estaban en la calle y el agente fue alertado después de un incidente ya que habían rayado unos vehículos. Al detectar que no estaban escolarizados se inició un seguimiento de los menores. En todo momento, los padres afirmaron que el motivo de no llevarlos a la escuela era el miedo a que se contagiaran y las posibles consecuencias para la niña.
La versión no resultó creíble para el policía tutor porque, en varios de sus encuentros había detectado que no llevaban mascarilla. Así pues trasladó el caso a la Guardia Civil, que fue quien remitió el atestado al Juzgado de Instrucción 11 de Palma. De lo ocurrido también se dio traslado desde el juzgado al IMAS ante la existencia de una posible situación de riesgo para los menores.
Tras la intervención policial y judicial los menores ya están escolarizados y este nuevo curso sí acuden todos ellos a un centro escolar.
Declaración
El padre y la madre, en todo caso, permanecen bajo la investigación judicial. Ambos comparecieron en el juzgado de Instrucción el pasado mes de junio. El padre explicó que los más pequeños aún no iban a la escuela antes de la pandemia porque no estaban en edad de escolarización obligatoria; a partir de los seis años y primero de Primaria. Después, explicó que llegó la pandemia y el cierre escolar en el curso 19/20 y que los menores ya no regresaron. «Si uno de mis hijos va al colegio y se contagia, lo trae a casa», explicó. La madre declaró en un sentido muy similar. También explicaron que, además de no acudir al colegio, no se juntaban con otros menores ni con nadie que no perteneciera a su entorno familiar.
En esa misma comparecencia, la titular del juzgado de Instrucción advirtió a los padres que, de mantener a los niños sin escolarizar, podrían perder la custodia de los niños y que el IMAS ya analizaba la situación. Ambos se comprometieron ante la magistrada a que regresarían a clase en septiembre, «ahora que ha pasado lo peor y que la situación está más tranquila». De hecho, su defensa aportó en ese trámite justificante de que habían solicitado plazas para este curso.
En la causa consta también un informe de Son Espases que acredita los graves problemas de salud de una de las menores que estarían en la base del temor de los padres a exponerlos al colegio. Ahora, la magistrada debe decidir si archiva la causa una vez que los niños ya están escolarizadas o si continúa las actuaciones para que los padres sean juzgados por un delito castigado con hasta medio año de cárcel.