La jefa de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll, también defiende la legalidad de todos los pasos que dieron para la adjudicación de los amarres de Maó. En su declaración como investigada en el 'caso Puertos' ha rechazado cualquier irregularidad y defendido su intervención como asesora jurídica de la Autoritat Portuària de Balears.
Ripoll, a la que defiende la misma Abogacía del Estado, justificó la decisión de que los amarres salieran a concurso y la valoración de las distintas ofertas presentadas. Su intervención en una de las sesiones del consejo fue fundamental para que saliera adelante la adjudicación, como en su declaración de ayer reconoció el expresidente de la APB, Juan Gual de Torrella. La investigada ha tenido alguna discusión directa con la magistrada del caso, Martina Mora, durante la declaración, al entrar ambas en distintas interpretaciones de la legislación a aplicar en el concurso náutico.
La jefa de la Abogacía ha sido la primera de las personas citadas a declarar hoy como investigadas en la segunda jornada de interrogatorios en torno al concurso de Maó. Ahora declara el exjefe de explotación de la APB, Fernando Berenguer, un personaje clave del caso. Los denunciantes del supuesto amaño grabaron a este funcionario sin su conocimiento en una conversación en la que alertaba de una posible manipulación y de la existencia de presiones políticas.