La subida del precio de la luz lleva aparejada en Baleares la multiplicación de las solicitudes de particulares para instalar placas solares en sus hogares para el autoconsumo de energía eléctrica. En lo que llevamos de año, el megavatio hora se ha encarecido un 435 por ciento y en las Islas han sido 4.500 las viviendas equipadas con paneles fotovoltaicos, lo que representa un incremento del 125 por ciento con respecto al total de solicitudes registradas durante 2020. La mayor concienciación social sobre la transición hacia energías renovables para combatir el cambio climático es un hecho. Tanto como que el encarecimiento del suministro eléctrico y los incentivos de las administraciones públicas para pasarse a la energías denominadas ‘limpias' está acelerando el tránsito.
Durante 2021, la Conselleria de Transició Energètica ha abierto dos convocatorias de ayudas a particulares y empresas para fomentar el autoconsumo eléctrico mediante la instalaciones de placas solares en sus casas y sedes sociales. La primera concluyó el pasado 30 de julio, mientras que la segunda arrancó el 20 de septiembre y terminará el 31 de diciembre de 2023. En el marco de estas dos convocatorias, la consejería dirigida por el vicepresidente Juan Pedro Yllanes ha registrado hasta día de hoy 4.500 solicitudes, cuando a lo largo de todo 2020 se consignaron apenas 2.000. Como se ha apuntado, los incentivos públicos juegan un papel esencial. El Govern destinó en 2020 a este líneas de ayudas 3,5 millones de euros, mientras que en 2021 la cifra escala a los 5,6. A ello también hay que sumarle 12,7 millones de los fondos europeos Next Generation.
De forma paralela, cada vez son más los ayuntamientos de Balears que aprueban modificaciones de la ordenanza reguladora del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para introducir bonificaciones de hasta el 50 por ciento del gravámen para todos aquellos hogares que soliciten la instalación de sistemas solares para el autoconsumo eléctrico, cuya amortización, al socaire del disparado precio de la luz y las ayudas pública, «es más rápida», sostienen desde el Govern. Según Yllanes, «en Balears estamos observando como el autoconsumo está siendo un éxito y la gente está apostando por este tipo de fuente renovable que contribuye a la descarbonización de las Islas», sostiene el vicepresidente del Ejecutivo autonómico.
Sin embargo, el fulgor fotovoltaico, como todo, tiene su reverso: el impacto de estas instalaciones sobre el paisaje rural y urbano. Desde la ARCA, la asociación para la defensa del patrimonio de Mallorca, manifiestan su preocupación por la «previsible destrucción del paisaje urbano, rural y natural, si no se plantea de manera equilibrada la implantación de placas solares en núcleos de población y también en resto de la Isla». Según la portavoz Àngels Fermoselle, «la premura económica derivada de la crisis de la COVID-19 y la evidencia del cambio climático se han conjugado, y de la mano de unas medidas del Govern muy permisivas, corremos el riesgo de que el feísmo se apropie de nuestro paisaje rural y urbano, y se eche por tierra todo el trabajo que durante años se ha llevado a cabo para preservarlo». En este sentido, ARCA exige a las instituciones que «impere el sentido común y que se planifique correctamente dónde y cómo se permiten las instalaciones solares y también eólicas por el impacto paisajístico que implican», expone Fermoselle.
En lo tocante a restricciones, desde el Govern apuntan que éstas las fija cada ayuntamiento a través de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), «pero normalmente no se pueden instalar placas sobre edificios de valor patrimonial y algunos municipios son más restrictivos en el resto. Esto supone un problema al autoconsumo», reconoce el Ejecutivo. Sobre la planificación también incide el GOB. Según la portavoz Margalida Ramis, es esencial que las normativas municipales se adapten al autoconsumo, al tiempo que recuerda que, para la organización ecologista, «no se trata de una cuestión de impacto visual o paisajístico. Nuestros argumentos nunca se enfocan desde ahí. Es una cuestión de planificación energética, territorial y agraria».
El GOB advierte de que la transición energética no puede decidirse por las inversiones de capital privado no local, sino que «ha de venir marcada y definida por nuestras instituciones desde el punto de vista territorial, económico y social. De lo contrario, volveremos a perder el control de la producción energética a costa del territorio, concretamente el suelo rústico, convirtiéndolo en un polígono de servicios energéticos», añade Ramis.
Su homólogo en Terraferrida, Jaume Adrover, considera que el «boom» de las instalaciones fotovoltaicas, tanto en campos solares, como en viviendas particulares, «responde a las ayudas públicas. Es una buena noticia que haya dinero para esto. Pero cuidado, los nuevos proyectos privados en trámite sólo en Mallorca habrán recibido 40 millones de euros. Con este dinero, el Govern podría tenerlos hechos y en lugares donde no romper nada». Adrover indica también que los parques solares reciben más dinero del Estado del que se destina a Agricultura. «Claro, el resultado no puede ser otro», concluye Adrover en referencia al cambio de uso, y fisonomía, que está experimenta fora vila.