«La vacunación es un derecho y los padres no deberían tener derecho a impedir esta vacunación por unas falsas creencias porque dejamos de proteger a los niños». Así de contundente se ha manifestado este jueves la consellera de Salut, Patricia Gómez, en relación a la inoculación contra la COVID-19 a los infantes. En este punto, ha destacado que se están incrementando los ingresos de los menores. En concreto, hay 12 hospitalizados, dos de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Por ello, ha instado a los residentes en las Islas a vacunarse contra la COVID-19, ya que los que no están protegidos contra el virus pasan la enfermedad de una manera más grave. Cabe recordar que Balears está a la cola en materia de vacunación. En el caso de la inoculación infantil, sólo el 22 por ciento de la población pediátrica está protegida contra el virus y es la región con menor cobertura; la media nacional es del 37 por ciento, según los datos del Ministerio de Sanidad; Galicia ya tiene al 60,2 % de los niños mayores de cinco años vacunados.
Gómez lo ha atribuido a que al principio se abrieron las citas para vacunar a partir de los nueve años porque recibieron 36.000 dosis inicialmente para una población de 9 a 11 años de 40.000 personas; otras comunidades lo abrieron desde los cinco años. «No sabíamos como respondería la población inicialmente y ahora necesitamos ampliar» y ha subrayado que en los lugares donde hay menos citas, como Manacor e Inca, se ha llenado, «lo que quiere decir que hay interés por vacunarse y protegerse».
La titular de Salut también ha insistido que «en las dosis de refuerzo de adultos hemos de insistir mucho porque hay disponibilidad con y sin cita previa. Es hacer una llamada a toda la población sobre todo a las personas vacunadas con AstraZeneca a partir de 18 años porque sabemos que es necesario que se vacunen y se pongan esta dosis de recuerdo», así como a los mayores de 40 años inoculados con los otros sueros protectores.
El titular de la patria potestad (o el tutor en el caso de los incapaces) es quien debe decidir. Si se vulneran los derechos de los niños para eso está la Fiscalía. Y si las Cortes consideran que en algunos casos concretos y especiales (como puede ser una pandemia) debe restringirse la capacidad del tutor, que legislen sobre ello. Con una norma con rango de Ley Orgánica que garantice que se respetan los derechos de los ciudadanos.