Los países Unión Europea (UE) aplican desde este martes la caducidad de nueve meses para el certificado COVID. En concreto, ya ha empezado a deja de ser válido para las personas que se pusieron la segunda dosis de la vacuna de la COVID-19 antes del pasado mes de mayo. Cabe precisar a las que se les aplicó Jansen sólo han recibido una dosis. En Baleares este documento se exige para entrar en espacios públicos como restaurantes, bares, el ocio nocturno o gimnasios; además, es obligatorio para poder viajar por la Unión Europea. A medida que vayan pasando las semanas, esto irá afectando a más personas.
El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha precisado que puede existir un problema para las personas que se han contagiado recientemente y no pueden acreditarlo en el pasaporte COVID, ya que la enfermedad se ha detectado con una test de antígenos (la UE requiere una PCR), porque el Ministerio de Sanidad recomienda ahora esperar cinco meses para ponerse la tercera dosis. Por este motivo, España ha solicitado a la UE que acepte los antígenos para poder ampliar la validez del pasaporte COVID otros seis meses. Además, la consellera de Salut, Patricia Gómez, ha asegurado que su departamento prepara un certificado digital para que quienes han pasado el coronavirus y no tienen la pauta completa de vacunación puedan acreditar esta condición de forma equivalente al pasaporte COVID.
March ha explicado que «el pasaporte COVID, que no es otra cosa que una cartilla digital de vacunación contra el coronavirus, refuerza la estrategia de prevención de la pandemia en los territorios que lo han implementado, pero no es la panacea. Es una medida más que colabora en la defensa ante los contagios y que puede resultar efectivo en ámbitos donde más se van a producir las infecciones: espacios cerrados, mal ventilados, donde nos quitamos las mascarillas. Acreditar que una persona ha sido vacunada está totalmente justificado en lugares de ocio cerrados, donde se realicen actividades de baile, restaurantes y otros sitios donde no se pueda tener una distancia de seguridad ni mascarilla».
A su modo de ver, una de las ventajas del certificado COVID es que «es una herramienta más que contribuye a controlar el virus. En segundo lugar, impide que los no vacunados, con más riesgo de síntomas graves, se expongan a situaciones de mayor contagio en espacios cerrados. Los vacunados, además, tienen una capacidad de difusión ligeramente más baja. Por otra parte, incentiva la vacunación en aquellos que por diversas causas no se han inoculado. Ahora con la tercera dosis podría resultar un incentivo añadido. Por último, ayuda a prevenir -junto a otras medidas- los ingresos en la UCI, la hospitalización y la muerte. Una persona vacunada todavía puede ser transmisor del virus, pero claramente de una manera muchísimo más atenuada».
Sin embargo, reconoce que también tiene inconvenientes, el más importante «la falsa sensación de seguridad de quien lo porta. Otro punto negativo es su sesgo elitista en países donde hay pocas vacunas o son caras. No es el caso español pero sí de otras sitios, donde las personas que no tienen acceso a las dosis van a estar en desventaja al tener restringida la entrada a determinados lugares, y amplía la brecha de la equidad. A nivel nacional, juega en contra la falta de normativas comunes entre las autonomías».
March advierte que «mientras haya gente sin vacunar el virus tendrá difusión y la línea seguirá ascendente». No obstante, reconoce que «equiparar el estar vacunado con estar inmunizado no se ajusta a la realidad, dado que la vacunación previene en un gran porcentaje las formas graves de la enfermedad pero la efectividad se reduce –y más con el paso del tiempo– frente a la infección con manifestaciones leves». En este sentido, alerta que el certificado COVID puede conducir a relajar las medidas de prevención en interiores al sentirse las personas más protegidas por estar en un ambiente en el que se ha exigido el certificado».