La Oficina Anticorrupció ha abierto un nuevo expediente por las posibles irregularidades en la vacunación contra la COVID-19 de altos cargos públicos de diversas instituciones de las Islas. Una semana después de archivar por caducidad la investigación, la dirección en funciones de la Oficina ordenó la apertura de un expediente con el argumento de que la caducidad del primero por excederse los plazos de tramitación previstos no representa la prescripción de los hechos investigados.
Según el escrito comunicado a las partes, el departamento de prevención de la corrupción tiene establecido en su normativa que si un procedimiento archivado por caducidad se refiere a hechos presuntamente irregulares no prescritos puede abrir un nuevo expediente sobre el mismo caso e incorporar a él las actuaciones llevadas a cabo en el primero.
Esto es lo que ha decidido Belén Méndez, la sustituta de Jaime Far en la Oficina Anticorrupció, que ha decidido mantener abierta esta investigación para determinar si hubo irregularidades. En una reciente comparecencia parlamentaria cuando ya había dejado la Oficina, Far aseguró que habían limitado la petición de información sobre los vacunados a un menor número de personas por motivos técnicos y no por presiones, aún a riesgo de perder información sobre posible vacunación de personas cercanas a los altos cargos. El expediente que se archivó por caducidad sumaba los casos de supuesta vacunación privilegiada de altos cargos de distintas administraciones y personal estatutario de Mallorca y del hospital Can Misses de Eivissa, y el nuevo procedimiento los mantiene unificados. Se investiga «el posible incumplimiento del orden de prelación de vacunación para determinadas personas de acuerdo con el protocolo de vacunación contra la COVID-19, el abuso de poder, el mal uso de recursos públicos y la falta de transparencia, en un momento de gran alarma social».
El Govern informó la semana pasada del archivo de la causa por caducidad del expediente, que se produjo al superarse los seis meses para la notificación de la ampliación del plazo del procedimiento. En una comparecencia en el Parlament la consellera de Salut, Patricia Gómez, expresó en el Parlament su satisfacción por el fin de la investigación. La diputada del PP Núria Riera criticó el archivo y aseguró que demostraba que la Oficina Anticorrupció estaba al servicio del ejecutivo. Ciudadanos anunció que pediría explicaciones a los responsables de este organismo.
Ni oficinas, ni comisiones de investigación. Para eso ya están los tribunales. La pasta que se dedica a la oficina, que se destine a mejorar los juzgados.