El Govern destinará hasta 70 millones de euros a movilidad sostenible, descarbonización del mar y ciclo del agua que ayudarán a reducir las emisiones en Baleares, según ha anunciado este miércoles el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes.
Así lo ha indicado durante unas jornadas sobre zonas de bajas emisiones en las que también ha apuntado que, gracias a la llegada de los 233 millones del Plan de Inversiones para la Transición Energética para Baleares, se podrán financiar siete proyectos de zonas de bajas emisiones y complementar las actuaciones que ya se llevan a cabo en Palma.
Dada la importancia de esta medida para la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha introducido en el artículo 14, 'Promoción de la movilidad sin emisiones', la obligatoriedad de establecer zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes antes de 2023 y los territorios insulares. También se establece el objetivo de reducir las emisiones un 40 por ciento para el año 2030, y un 90 por ciento para el año 2050.
Yllanes ha lamentado que Baleares cuente actualmente con una fuerte motorización, con un parque móvil más envejecido que la media española y que, además, presente la tasa de vehículos privados más elevada del Estado. Por todo ello, ha destacado la necesidad de avanzar en el desarrollo de zonas de bajas emisiones y nuevas medidas de movilidad que permitan reducir la dependencia del uso del vehículo individual.
«Adicionalmente, la naturaleza insular y las dimensiones del territorio hacen del archipiélago un espacio idóneo para el desarrollo de la movilidad eléctrica», ha añadido. Actualmente el conjunto de la movilidad es responsable de más del 50 por ciento de las emisiones de CO2 en Baleares y se busca promover los servicios de transporte colectivo como lanzaderas hasta lugares en los que se podría restringir el acceso con vehículo privado, como zonas de gran valor ambiental.
«El objetivo es establecer al menos cuatro líneas de lanzaderas en todo el territorio balear. Además, se pretende establecer sistemas de bicicleta o moto eléctrica compartida, así como promover la implantación de sistemas de uso temporal de vehículos (car sharing) en todos los sectores», ha indicado Yllanes. Según ha dicho, se pretenden establecer, al menos, diez sistemas de alquiler de vehículos que permitan implementar estas nuevas modalidades que podrían llegar a desplazar a 5.000 personas diarias.
Además, se fomentará la implantación de puntos de carga de todo tipo y que puedan proveerse de manera mayoritaria por energías renovables. Por otro lado, puesto que para una buena implantación de la movilidad eléctrica es clave que exista una red de puntos de carga que no suponga un aumento de la demanda energética, se plantea llegar a financiar 2.000 puntos de carga con instalaciones fotovoltaicas suficientes para proveerlos, de 10 a 15 MWp.
Estos 2.000 puntos de acceso público supondrían triplicar los puntos de carga existentes, multiplicar por dos el objetivo fijado para Baleares en el 2025, y establecer una ratio de un punto por cada 300 vehículos aproximadamente. La totalidad del territorio balear se convertiría en una zona cien por cien habilitada para movilidad eléctrica. Por su parte, el director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava, quien también ha participado en la jornada, ha recordado que el Govern ya ha aprobado dos planes de mejora de la calidad del aire, en Palma y en Mahón, «que ya establecen algunas medidas que podrán reducir las emisiones provocadas por la movilidad».
Además, se han celebrado reuniones con los cuatro Consells y los tres municipios de más de 50.000 habitantes de las Islas para poner a su disposición los recursos y conocimientos de la Dirección General para llevar a cabo los proyectos de zonas de bajas emisiones. Malagrava ha destacado que «la importancia de las zonas de bajas emisiones como medida fundamental para la reducción de las emisiones de CO2 viene claramente reflejada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que las considera la principal fuerza motriz impulsora de la descarbonización del sector de la movilidad-transporte». «El objetivo del PNIEC es conseguir una reducción de 27 millones de toneladas de CO2 equivalente en el sector del transporte para 2030, lo que supondría una reducción del 33 por ciento de las emisiones actuales en este sector», ha sentenciado el director de Energía y Cambio Climático.