Las más de 22.000 pequeñas y medianas empresas y autónomos de las Islas, así como grandes empresas, que en 2020 y 2021 optaron por formalizar créditos ICO para paliar los efectos de la pandemia, que están avalados en un 80 % por el Estado, piden devolver el capital recibido en doce años por la actual coyuntura económica marcada por la inflación y los elevados precios del combustible derivados de la guerra europea. La patronal PIMEM, que preside Jordi Mora, fue la primera en solicitar a nivel nacional ampliar los plazos de carencia, para lo cual pidió ayuda a la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE). El director técnico de la Fundació Impulsa, Antoni Riera, afirma que en estos momentos «hay que evitar todo lo que pueda generar tensiones de tesorería, de ahí que devolver los créditos en una situación de hiperinflación y con una guerra que ha distorsionado todos los precios del combustible lo consideramos negativo».
Riera aboga por ampliar los plazos de carencia para devolver el capital de los créditos ICO «porque en una situación marcada por el incremento de todos los costes productivos y que las empresas de Balears no han recuperado los niveles de actividad, lo que procede es propiciar un clima de tranquilidad para que las empresas no tengan más problemas». Considera que la guerra ruso-ucraniana «es la mejor excusa para que el Gobierno atienda las peticiones de las patronales empresariales y opte por ampliar el plazo de carencia de pago de este tipo de créditos». El presidente de PIMEM, Jordi Mora, indica que en Balears se han formalizado 18.900 préstamos ICO por un valor de 5.383 millones. A estos préstamos hay que sumar cerca de 4.000 más que se han realizado con entidades financieras.
Devolución
El problema radica en que a finales de este mes acaba el plazo dado por el Gobierno central a las empresas para que devolvieran todo el capital prestado, ya que en los dos años de carencia únicamente han tenido que pagar los intereses. «Pedimos al Govern también que mediara ante la Administración central, porque en estos momentos, con una guerra y con una recuperación económica afectada por el encarecimiento de los productos energéticos, es prácticamente inviable devolver los ICO», puntualiza Mora.
Durante los dos últimos ejercicios, marcados por impacto de la COVID en todos los sectores productivos, las empresas han podido sobrevivir con estos créditos avalados. La PIMEM considera que «se debe de ampliar los plazos de carencia de forma excepcional hasta que mejore la actual coyuntura económica». La patronal CAEB, que preside Carmen Planas, añade que «dadas las circunstancias actuales en las que la incertidumbre sobre la recuperación se ha visto incrementada por las tensiones en el comercio nacional e internacional, la escalada de precios de la energía y de las materias primas en general, consideramos imprescindible que se amplíe la prórroga de los créditos».
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ya ha avanzado que el plan para mitigar las consecuencias de la guerra incluirá una nueva línea de avales ICO para garantizar la liquidez de la economía y se ampliará el vencimiento de los actuales préstamos con dicho aval a las empresas y autónomos más afectados. La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, adelantó el pasado jueves en Palma que el Consejo de Ministros iba a aprobar este martes ampliar el plazo de carencia de los créditos, por entender que la situación económica no es la más adecuada para que las empresas tengan que devolver estos créditos cuando la actividad empresarial se ve afectada por imponderables energéticos, inflacionistas y por la incertidumbre que genera en la actualidad el desarrollo de la guerra ruso-ucraniana.