La subida del coste de la electricidad y de diversos materiales por el aumento del IPCtambién le afecta al Govern. Su factura energética se doblará este año, pagará mucho más por el transporte de los viajeros en SFM, los materiales para la construcción de las obras públicas que promueve son más caros y ha tenido que llegar a acuerdos con las empresas con las que tiene firmados contratos públicos para revisar esos contratos. En total, las previsiones globales apuntan a que la factura subirá más de 100 millones de euros con la suma de todos estos conceptos extraordinarios. Los datos que maneja el Govern son contundentes: en 2021, el gasto eléctrico de la Comunitat, incluyendo las empresas del sector público, fue de 36,6 millones de euros.
Eso significa que la factura mensual de la electricidad fue de 3,05 millones de euros entre el Govern y sus empresas. A principios de 2022, se previó un aumento del gasto eléctrico debido al incremento de los precios del kilowatio, de forma que el Govern incluyó en sus Presupuestos una partida global de 70 millones de euros, es decir, casi el doble de lo que se gastó un año antes. En todo caso, el Govern señala que, en función de la evolución del precio medio del kilowatio, que ahora está claramente a la baja, se definirán los cálculos definitivos. Para ello se tendrán en cuenta los pactos alcanzados por Pedro Sánchez con la Unión Europea sobre el precio del gas.
Informe de transición
Fuentes del Ejecutivo señalan, además, que desde la Conselleria de Transició Energètica se trabaja en la puesta en marcha de un plan de autoconsumo de la Comunitat que puede suponer un ahorro de unos 13 millones de euros. A los mayores costes de la electricidad se les suma los del combustible de los vehículos del Govern –un total de 334 coches y furgonetas– que pagan ahora la gasolina mucho más cara de lo que lo hacían hace un año, aunque también para ellos se aplica el descuento de 20 céntimos por litros de combustible.
La subida del IPC en numerosos productos le ha afectado también al Govern por la vía indirecta: la revisión de los contratos públicos para compensar a las empresas contratistas de la Comunitat la escalada de precios. Las primeras estimaciones del Govern apuntan a que esta revisión supondrá un sobrecoste de unos 50 millones de euros entre la revisión de precios de contratos de obra pública y la de concesiones a empresas de transporte o de otros servicios públicos, como los comedores escolares, si bien la cifra puede ser superior si se suman otros.
¿Y quien paga esos 100 millones?, pues tu, yo y todos los que pagamos impuesto el dinero que gasta el govern no es suyo, es nuestro. SIEMPRE PAGAMOS LOS MISMO.