La recuperación de los flujos turísticos que eran habituales en prepandemia ha traído también de vuelta algunas rémoras típicas de tiempos de bonanza, como son las ofertas ilegales. Ese es el caso del alquiler vacacional, cuyos representantes han detectado una reaparición de la picaresca en su sector que ya han denunciado y puesto en conocimiento de la Administración.
El presidente de la Asociación Balear de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Habtur), Toni Barceló, asegura que las ofertas de alojamiento no regularizadas han vuelto a aparecer después de dos años de letargo por la situación pandémica y la consiguiente caída de las visitas turísticas. La recuperación económica y turística ha propiciado el caldo de cultivo necesario para que la oferta ilegal aflore de nuevo y por ello Barceló demanda la intervención de las autoridades y el aumento de las inspecciones.
En una rueda de prensa en la sede de PIMEM y acompañado del presidente de la patronal empresarial, Jordi Mora, Barceló ha hecho balance de las previsiones que su sector maneja de cara a la temporada, con un volumen de reservas «no extraordinario pero sí dentro de lo que era lo normal en 2018 ó 2019, de un 70 % más o menos». La diferencia con los años preCOVID, ha matizado, es que «entonces no teníamos cancelación gratuita». Una cláusula que se empezó a introducir con la pandemia y que la guerra de Ucrania y el panorama actual de incertidumbre económica obligan a mantener también este año.
Asimismo, Barceló reconoce que después de dos años intentando dinamizar su actividad a través de ofertas, el sector está subiendo sus precios. Una tendencia al alza que viene experimentando en los últimos meses y que pretendía compensar la inflación y las pérdidas de los dos últimos ejercicios, pero que «se va a ver diluida por el encarecimiento de los costes: no creo que se refleje en la rentabilidad del negocio», ha sentenciado.
El presidente de Habtur ha expresado sus quejas en torno a otros puntos como la dificultad para encontrar personal de mantenimiento y limpieza en determinadas zonas o los problemas que les genera a sus clientes el funcionamiento del transporte público.
Creo que dejé bien claro que el límite del derecho de los propietarios a alquilar sus viviendas solo debe el cumplimientode ser la normativa de seguridad y de impuestos; el resto es privilegio y pérdida de rentas para el conjunto de los menorquines.