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Una persona ha pedido la eutanasia en Menorca en el primer año de la ley

En este tiempo, 8 personas han recibido la ayuda para morir en Balears

El director general del Servicio de Salud de las Illes Balears, Juli Fuster; l director general de Prestaciones y Farmacia, Nacho García Pineda; y la subdirectora de Humanización, Atención al Usuario y Formación del Servicio de Salud, Rosa Duro Robles. | CAIB

| Palma |

El 25 de junio se cumple un año de la entrada en funcionamiento de la prestación de la eutanasia dentro de la cartera de la sanidad pública. Desde entonces, Salut ha recibido 17 peticiones de eutanasia en Baleares de las que se han formalizado 13 y 8 de ellas ya la han recibido, la última el viernes pasado. De las 13 solicitudes formalizadas, 9 eran en Mallorca, 1 en Menorca y 3 en las Pitiusas. Por otra parte, 7 corresponden a mujeres y 6 a hombres. La edad comprendida de los solicitantes está entre los 28 y 93 años y la mayoría sufrían de enfermedades neurológicas, aunque también ha habido patologías oncológicas, o alguna que implicaba dependencia y sufrimiento, sin que tuviera un diagnóstico principal.

Los responsables sanitarios han defendido que todas las peticiones se han resuelto dentro del tiempo de respuesta contemplado por la ley. Desde la primera solicitud hasta la resolución de la comisión de garantía pasan de media 35 días, posteriormente el paciente dispone de tres meses para elegir cuándo quiere recibir la prestación.

Las autoridades han destacado también el trabajo de coordinación entre los diferentes grupos multidisciplinares. «Ha habido sesiones de formación a más de 500 profesionales y reuniones técnicas, también con los centros privados. Se ha respetado a los objetores, pero no hemos tenido problemas en los procesos, los mecanismos han funcionado», ha destacado el director del IB-Salut, Juli Fuster.
Si bien hasta ahora se ha trabajado con un decreto decreto organizativo, queda pendiente la normativa final, que se prevé para después de verano, y que está a expensas del dictamen del Consell Consultiu. En este documento se regulará el registro de objetores de conciencia.

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