Trámites burocráticos, problemas de los posibles beneficiarios para entender la jerga administrativa, unos requisitos que complican mucho la concesión de las ayudas y la falta de difusión de estas subvenciones hacen que el ingreso mínimo vital no llegue al 68 % de los posibles beneficiarios de Balears. Una de las medidas estrella aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez no está teniendo la eficacia debida porque diversos problemas lastran la concesión de ayudas, según se detalla en un contundente informe recién aprobado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Este organismo, que vigila el comportamiento económico y fiscal de las administraciones, explica que Balears, Castilla-La Mancha y Catalunya son las tres comunidades donde menos se ha desplegado la ayuda a finales del año 2021: en el caso de Balears llega al 32 % de los posibles beneficiarios, en el de Castilla-La Mancha, al 31 % y en el de Catalunya, tan solo al 25 %.
27.000 personas más
Si se tiene en cuenta que en Balears había 5.348 prestaciones concedidas, que llegan a 12.493 beneficiarios, la realidad que dibuja la AIReF es que se podrían llegar a conceder un total de 16.712 prestaciones y, por esta regla de tres, los beneficiarios podrían llegar a sumar 39.040. El informe reclama al Ministerio que analice posibles barreras burocráticas vinculadas al lenguaje administrativo, los requisitos exigidos y los tiempos de espera para conseguir una cita presencial. «Sería conveniente incorporar nueva información de los usuarios en la solicitud (por ejemplo, nivel educativo, idioma, etc.) para conocer cómo pueden afectar distintas barreras a cada perfil de usuario», señala el documento.
Las comunidades
El texto también propone compartir buenas prácticas sobre las medidas adoptadas en las comunidades autónomas para garantizar un encaje eficaz y eficiente de ambos programas en cada territorio y trabajar de forma conjunta con estas administraciones. En el caso de Balears, ya se paga una ayuda complementaria para quienes quedan fuera del ingreso mínimo vital: la renta social garantizada. De hecho, a largo plazo la AIReF propone integrar todas las prestaciones sociales y beneficios fiscales estatales que persiguen fines de soporte de rentas en torno a una única prestación, como ha hecho el Reino Unido.
También pide que se haga un estudio detallado de los expedientes que han rechazo desde que se puso en marcha esta medida para conocer con mayor profundidad las características de los hogares cuyos expedientes están siendo denegados y ver con detalle dónde está el problema. En el caso de Balears, de las 24.400 que han solicitado cobrar el ingreso mínimo vital cuando se puso en marcha, apenas 1.270 habían recibido ya el abono por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cifra ha subido hasta las 5.348 prestaciones que se estaban concediendo en marzo de este año, pero aún hay muchos solicitantes de la ayuda, hasta llegar a esos 24.400, que se siguen quedando por el camino y no perciben el dinero.
Una ayuda del Ejecutivo y que reclama el Govern
El ingreso mínimo vital es una ayuda que aprobó el Gobierno central en plena pandemia para ayudar a las personas que se quedaron sin recursos. En un principio, se temió que pudiera chocar con la renta social garantizada, que ya estaba aprobada por el Govern, pero finalmente se han complementado, de forma que muchas personas a las que se les deniega la ayuda del Gobierno se les concede la del Govern.
El Govern era partidario de que esta ayuda la pagaran las comunidades autónomas, que conocen mucho más el terreno que el Gobierno central, pero para ello exigió una dotación suficiente, para que no pase como con la ley de dependencia, que cada año debe financiarse con dinero autonómico. Mientras no haya acuerdo, las dos ayudas sociales se siguen dando por separado, cada una por una administración diferente. En estos momentos, 4.235 familias reciben la renta que paga el Govern, lo que supone que este dinero llega a un total de 8.880 personas en las Islas.
Independientemente de si se esté de acuerdo o no en que reciban estas ayudas, me parece que la administración debería hacérselo mirar. Saben todo sobre nosotros, y encima han de hacer interminables papeleos para solicitar una ayuda. Cuando hacemos la declaración de la renta, te sale ya todo rellenado, es decir, ya saben nuestros ingresos, lo que tenemos en el banco, si hemos cobrado una beca, todo, todo. Y me dicen ahora que un pobre ciudadano que a lo mejor sólo acabó la ESO (si, la pobreza suele estar ligada a la felta de estudios, básicamente porque han de trabajar para poder sobrevivir) y le debe costar barbaridades entender la jerga administrativa, ¿ha de saber hacer las solicitudes? Bajo mi punto de vista, lo complican todo para evitar dar las ayudas y alargar el máximo los trámites para que el ciudadano desista.Y esto pasa en todos los sitios administrativoa, para hacer un mínimo trámite casi necesitas fotocopia compulsada de la fe de nacimiento, comprobante de residencia, pago de las tasas, otro justificante del banco para justificar el justificante de la fe de nacimiento, una foto vestido de sacerdote y un riñón.