La consellera de Presidència, Mercedes Garrido, asegura que el decreto ley que publicó el BOIB para crear un cuerpo de interventores y auditores de la Comunitat, algo que beneficiaría a la consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, auditora, no es el que debatió y aprobó el Consell de Govern sino otro texto que, por error, se envío para su publicación. La consellera explicó que, en uno de los borradores del decreto ley se incluyó la creación de este cuerpo de interventores y auditores, pero se retiró finalmente a petición de la Sindicatura de Comptes. Garrido añade que el texto que debatió y aprobó el Govern ya no incluía esta disposición, pero insiste en que documento que publicó el BOIB era equivocado, de ahí que poco después se enviara una corrección de errores para publicar el texto que realmente aprobó el Govern. Garrido insistió en que todo es un error atribuible a su departamento y negó de forma rotunda que se haya intentado beneficiar a la consellera.
De hecho, la responsable de Presidència asegura la propuesta inicial no suponía la equiparación de auditores e interventores sino la creación de un cuerpo propio que incluya ambas figuras «porque hay un problema gravísimo de falta de auditores e interventores». «Es falso que Rosario Sánchez firmara un decreto que le beneficia», asegura la consellera. «Es un error que se cuela en un texto de 150 páginas, en un decreto del que se hicieron muchas versiones y en el que se llevaba meses trabajando», insiste. Garrido criticó el ataque del PP a Rosario Sánchez y recurrió a un refrán para definir a la diputada ‘popular' Núria Riera: «Piensa el ladrón que todo el mundo es de su condición».
A diferencia de la polémica con el ex director general del IB-Salut, Juli Fuster, que le llevó a dimitir, en este caso los socios del PSIB no han pedido responsabilidades a la consellera d'Hisenda porque creen que no hay caso. No es lo que piensa el PP, que ayer registró una petición de comparecencia de la consellera en el Parlament. La diputada ‘popular' Núria Riera aseguró que se trata de irregularidades «bochornosas y muy graves» comparables al caso de Juli Fuster y entiende que se vulneró el código ético del Govern, pero también la ley de incompatibilidades. «Este decreto ley ha estado publicado en el BOIB y, por lo tanto, ha tenido la fuerza de ley durante 15 días»», opina. Para Riera, la versión del Govern de que el texto publicado no corresponde con el que se aprobó en la reunión del Consell de Govern es «tomar por tontos» a los ciudadanos. El PP ha pedido todo el expediente de aprobación del decreto ley.
Cada dia podem constar el grau d'incompetència del Govern Balear. Merceders Garrido justificant l'injustificable i Pilar Costa defensant l'indefensable amb atacs totalment fora de context. Vergonya aliena!