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El Estado defiende el incremento de financiación autonómica más allá de las inversiones

La delegada del Gobierno acompañó al presidente Sánchez a la visita a una fábria de Marratxí el pasado lunes. | Pere Bota

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La Delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo, ofrece una visión alternativa a que Balears estén entre las comunidades que menos dinero reciben del Estado en inversiones directas. «Una cosa son las obras que el Estado a realizar en las Islas y otra el presupuesto que nos da para que Balears haga las obras que quiera», ha dicho. En este sentido, a los 186,29 millones de euros en inversiones directas del Estado, habría que sumarle otros 164 millones en transferencias de capital, es decir, inversiones indirectas como el tranvía de Palma o el factor de Insularidad; y una partida de 271 millones en subvenciones para el transporte marítimo y aéreo de residentes y mercancías. Con estas cuentas, de difícil comparación con el resto de las comunidades, la inversión global del Gobierno sería de 621 millones de euros.

Por este motivo, la Delegación del Gobierno ha realizado un cómputo más general y ha añadido el incremento del 26 % en la financiación autonómica, que se estima es de 3.350 millones de euros. Calvo ha subrayado que el Estado ha cambiado en los últimos años el reparto de fondos ahora «mucho más descentralizado», y que son cuentas que «reconocen las especificidades de cada territorio». Por lo que considera de justicia que se observe el volumen total de los recursos con los que el Estado particia en la vida de los ciudadanos de Balears.

Según Aina Calvo, los presupuestos generales que acaban de entrar en el Congreso de los Diputados son «representativos del momento actual, ligado a una coyuntura de guerra en el continente europeo», por un lado; «rotundos en el compromiso con los más vulnerables», en segundo lugar; y «con una mirada puesta en el futuro». Entre las infraestructuras que tiene presupuestada una partida económica de inversión directa destacan 91 millones para seguridad e instalaciones aeroportuarias, 60 millones en puertos del Estado; 10,6 para transición ecológica y el reto demográfico o 7,9 en la ampliación y remodelación de la depuradora de Palma.

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