Nueva prórroga. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma prolonga, al menos un mes más el secreto de sumario de siete de las nueve piezas del ‘caso Puertos'. La resolución reitera la mayoría de argumentos de las sucesivas prórrogas desde que se abrió la investigación en abril del año 2020. Sin embargo, añade uno nuevo: la actitud de los investigados y testigos que declararon en la pieza sobre el puerto de Eivissa. «Las declaraciones testificales y de los investigados han confirmado la necesidad de mantener el secreto de la investigación hasta el completo análisis de la información incautada al haberse constatado oscurantismo, hermetismo corporativo y nula colaboración en la investigación judicial incluso por parte de los testigos», afirma la magistrada Martina Mora en el auto notificado la semana pasado.
La jueza considera que, tras esas declaraciones se «ha comprobado que al menos una parte de los investigados mantienen contacto directo y reciben información de organismos a los que el juzgado ha solicitado información en las piezas cuyo secreto se ha levantado».
De estos argumentos, la juez concluye que la única «vía de investigación útil» para esclarecer los hechos presuntamente delictivos es mantener el secreto: «Una vez levantado es esperable que cualquier vestigio relevante no incautado se haga desaparecer y que no exista colaboración alguna por parte de ninguna persona relacionada con los hechos investigados».
Ante el riesgo de que se malogren las pesquisas, la juez prolonga el secreto. Sostiene que su retraso está justificado en la complejidad de analizar la enorme cantidad de documentación incautada en el registro de la Autoritat Portuària. Lo cuantifica en medio millón de mensajes de WhatsApp y otros tantos mails.
Hasta el momento, la magistrada sólo ha levantado el secreto de dos de las piezas, las relacionadas con un concurso de amarres en Maó y con el Naútico de Eivissa. Ambas instrucciones permanecen a la espera de varios informes.
El escándalo es que haya una ley que favorezca a los grupos de presión de Madrid y a las multinacionales para que se apropien de todas nuestras riquezas. El puerto de Eivissa lo gestiona la misma gente desde hace 96 años y sin afán de lucro. Es el poder del BOE que controla toda la economía española. Florentino lo sabe bien