Joan Gual de Torrella fue detenido en julio de 2020 por el ‘caso Puertos'. El caso tiene ahora nueve piezas de las que siete siguen bajo secreto de sumario. Su defensa ha recurrido contra la prórroga de la medida hasta enero.
¿Cuál es su situación dos años y medio después de su arresto?
—Es de una absoluta paralización de mi vida profesional. Una detención tan aparatosa como se dio trasciende y evidentemente ha parado aquellas cosas que pudiera hacer, bien en el puerto, bien en otros trabajos. Esta sospecha me ha excluido del mercado profesional.
¿Esperaba su detención?
—Yo lo que sabía es que nos estaban amenazando. Por parte de una empresa y de un gabinete de abogados de Madrid se nos avisaba de que se pondría una querella. Lo que pensábamos es que era un gaje del oficio, que no habíamos trasgredido ninguna indicación del equipo técnico, ni jurídico, ni de la abogacía. Nos constaban esas amenazas. Cuando salgo del avión y me encuentro con cuatro agentes no me sorprendió.
¿Sabía los motivos?
—Ni idea, sabía que había esta amenaza con el Náutico de Eivissa, que se movía algo por la concesión de unos simples pantalanes para chárter en Maó pero ninguna otra cosa. No pensaba que habláramos de nueve casos.
¿Qué piezas siguen secretas?
—Oigo muchos rumores.
¿Se manipularon las adjudicaciones de Eivissa y Maó?
—La adjudicación por el consejo de administración es la última fase de un proceso hecho por los técnicos. Nosotros en ningún momento alteramos el informe de ninguno de estos profesionales.
¿Había presiones para dirigir estos contratos?
— No se habla ni de mí, ni de ninguno de los demás. Hay algo que le dije a la juez, antes de la declaración, que leí una entrevista a un juez que decía sobre las presiones: «las tengo pero son ineficaces». Un consejo de administración está constituido por representantes de las Islas, cada uno defiende el interés de su ciudad y de su puerto. Nunca se ha dado que esto pueda llevar a alterar lo que ha decidido la comisión técnica. Es lógico que en un consejo cada persona busque lo mejor para cada destino. En ningún momento se habla de que nadie se haya lucrado personalmente.
En uno de los pinchazos se le oye decir «quieren que prevarique»...
—Es una expresión de agotamiento. Me refería a los empresarios. Había una asociación de empresarios que no entendía que la adjudicación no fuera para sus empresas.
Esa frase surge en el contrato de Maó para prorrogar la concesión
—Cuando llegamos al puerto de Maó me entero de algo que lleva veintipico años: un desorden en los amarres de gestión directa que se acumulaba, cuando solo puede ser uno por ciudadano. Se pudo normalizar y los ciudadanos empezaron a acceder. Ponerlo en orden no me dio muchos amigos. Son situaciones que se daban como derechos adquiridos.
También hay una conversación grabada de un alto cargo que dice que el concurso estaba decidido...
—Esto es lo que dice Berenguer (antiguo jefe de explotación de la APB), yo creo que con los efectos de una buena comida y en un sentido de hacerse valer, de hacer ver que tiene un poder que no tiene.
¿Le parece raro que un directivo almuerce con los responsables de una empresa que opta a un concurso?
—Me choca muchísimo. Me parece indecente, no tendría que haberlo hecho. Esto es el inicio de todo junto con el conflicto que tenían dos abogados del Estado.
Uno de ellos dejó el consejo después y protestó por la gestión de este contrato. ¿Es sintomático, no?
—Fue la única vez que intervino en los consejos. Yo cambié el sistema de dar la documentación a los consejeros, antes no se les daba porque decían que la filtraban y es verdad. Decidimos que la tuvieran 48 horas antes y con una marca de agua. De esta manera sabíamos quién descargaba y quién no. Este abogado del Estado solo descargó este asunto, que era el menor. Más transparencia no se había dado nunca. Se fue antes de que le cesaran. Había una afinidad con la empresa perdedora y una cuenta pendiente con su jefa [Dolores Ripoll, jefa de la Abogacía del Estado en Balears, también investigada en el caso].
Hay mensajes suyos a la presidenta Armengol que forman parte de las actuaciones.
—Yo tenía la obligación de despachar con la persona que me ha nombrado, lo mismo que hará el actual presidente. A la presidenta, igual que le preocupaban muchas cosas, le preocupaba lo de Eivissa por los residentes. Imagino que consideró una mala noticia que se anulara la adjudicación al club.
¿Recibía instrucciones por parte de Armengol?
—No, ninguna. Francina es mucho más inteligente que eso. Instrucciones, ninguna, lo que pasa es que los clubes, incluso de gestión autonómica, habían pasado todos por ampliación del plazo de concesión. Los del Estado tenían una normativa más estricta, pero en ningún momento se da la instrucción.
En Formentera se le investiga por haber beneficiado a un acreedor suyo, ¿es cierto?
—Todo esto es mentira. No se le da, Mayol [el empresario denunciante] ya montó el número del Mar Blau. No sabe perder, se le acaba su concesión y sale a concurso otra y gana quien gana, la que nos propone la comisión técnica. Yo no debía dinero al empresario de esta empresa, era presidente de Isba, no le debía ningún dinero ni se involucró en la gestión privada. Se aprovechó cuando revienta esto.
¿Y en el Molinar?
—El Molinar quería hacer una cosa del tamaño de Portals, en medio de un barrio. Ningún miembro del consejo hubiera aprobado ese proyecto, lo normal es que fuera a concurso y ellos no se han presentado. Se puso muy fácil porque hicimos la obra civil.
¿Aceptaría ahora la presidencia de la Autoritat Portuària?
—Es un cargo muy bonito, que engancha. También es muy peligroso. Lo he pasado mal, con consecuencias profesionales serias, pero cuando veo que va a empezar la obra del Passeig Marítim recuerdo lo que me supuso trabajar para que se hiciese ese cambio en Madrid y en Palma. Cuando esté hecho, a lo mejor me alivia el daño hecho. Existía un corporativismo portuario de los ingenieros de caminos que me recriminan que he dejado opinar mucho a los alcaldes. Fui disruptivo porque hasta entonces el equipo técnico tenía sus ideas y he oído decir a un directivo que el puerto no tiene ciudadanos.
¿Por qué peligroso?
—Por la importante cantidad de dinero que ganan con los amarres. No hay ninguna denuncia por la construcción de un dique o un camino. Todo está porque es algo muy rentable y mueve mucho dinero. No pasa en ninguna otra autoridad portuaria. El que pierde, piensa que hay mano negra y hay un nuevo modelo de abogado que practica el terrorismo jurídico para coaccionar. Se trata de crear coacción y presión. Urrutia, por no ceder, se fue. A Triay le hicieron lo mismo que a mí.
La causa sigue bajo secreto, ¿cómo lo valora?
—Mi abogado Eduardo Valdivia está esperando saber de qué me acusan para poder defender. No se cuánta gente se dedica a nuestro caso. Si le dedican 40 horas semanales salen a 5.000 horas por persona. ¿Cómo es que no adelantan? ¿Dónde veo el problema? En la falta de medios de la Administración. No miro directamente a nadie, hay un sistema judicial que a lo que induce es a la injusticia. Impone injusticia. Estar 32 meses esperando saber qué he hecho empieza a ser una injusticia. Causa una injusticia.
¿Estaba justificada su salida?
—No. Me cesaron, creo que en este caso, Francina que confiaba en mí y sigue confiando tuvo las presiones de sus socios de Gobierno. Habían hecho dimitir a Ruth Mateu y hay cierto vínculo causa efecto.
¿Se siente respaldado?
—Cuando hablamos de políticos hablamos de gente detrás de un telón de acero y no se les puede pedir lo que uno desea o cree que haría.