Este 2023 no es solamente un año electoral; también se cumple el 40 aniversario de la aprobación del Estatut y el Govern ha puesto en marcha una comisión, que en realidad son dos –una interna y una externa– para organizar diferentes actos.
El Estatut d'Autonomia entró en vigor el 1 de marzo de 1983, cuando lo publicó el BOE después de aprobarse por las Cortes el 25 de febrero. Desde entonces se ha modificado cuatro veces: en 1994, 1999, 2007 y 2022.La última, la del año pasado, fue para suprimir las referencias al aforamiento, eso es la prerrogativa que impedía a los tribunales ordinarios juzgar a diputados y diputadas. La reforma de más calado fue la de 2007 –Balears se equiparó prácticamente a las comunidades llamadas ‘históricas', las que accedieron al autogobierno por la vía del artículo 155 de la Constitución– y la otra de importancia es la de 1999.
La historia que este año tendrá especial protagonismo arranca antes de 1983. La reclamación de un Estatut propio es anterior a la aprobación de la Constitución, en 1978. En octubre de 1977 se celebró una gran manifestación en Palma, la más numerosa durante muchos años, en que coincidieron la reclamación de la libertad, la amnistía y la autonomía.
La Constitución, antes que el propio Estatut, ya incluyó referencias a los consells insulares que, cuarenta años después de su aprobación, han ido aumentado sus competencias. Los consells, igual que el Parlament, participarán en la comisión externa que preparará los actos de celebración. En principio, el Govern había adquirido el mayor protagonismo, pero una acción discreta del presidente de la Cámara, Vicenç Thomàs, modificó esta situación, aunque prefiere no aportar ningún detalle.
El Govern quiere apartar de la pugna electoral la conmemoración del aniversario y es posible que lo consiga porque el calendario le acompaña. Coincidirá con la celebración del Dia de les Illes, el 1 de marzo, (que se celebra en recuerdo de la entrada en vigor del Estatut) y todavía no se habrán convocado oficialmente las elecciones. Será un mes después, en abril, cuando la presidenta Armengol disuelva el Parlament y las convoque para el 28 de mayo. Pero eso no impedirá que el Partido Popular (PP) tenga que enfrentarse a su pasado y a su papel en la aprobación del Estatut.
Aunque el PP, que entonces se llamaba Alianza Popular, estrenara la autonomía y gobernara las Islas de manera ininterrumpida entre 1983 y 1999, no votó a favor del título VIII de la Constitución, el referido a la organización territorial del Estado y luego mantuvo diferencias respecto a cómo tenía que ser el Estatut. AP se abstuvo en la votación final del Congreso y había presentado enmiendas en el Senado. La votación final en el Congreso fue 206 votos favorables, uno en contra y 97 abstenciones. Aquel día quedaron aprobados tres estatutos el de Balears, el de Extremadura y el de Madrid. Fueron los tres últimos de los 17.
La comisión de los once
Pero antes de llegar a esa votación, pasaron más cosas que se recordarán este 2023. Así, el 4 de junio de 1977 la mayoría de los grupos políticos firmaron un pacto por el que se asumía el compromiso de aprobar un Estatuto de Autonomía. El último, que no llegó a aprobarse por el estallido de la Guerra Civil (1936-1939) entre otras razones había sido el Estatut de Cura, pues se cerró en esa localidad.
La Constitución española, que se aprobó en 1978, recogía dos posibilidades para acceder a la autonomía: una era a través del artículo 151 y otra a partir del 143. Aunque la voluntad inicial de los partidos era la del 151, hubo un pacto entre el Gobierno de la época (UCD) y el principal partido de la oposición (PSOE) para que las comunidades no históricas, como Catalunya, País Vasco o Galicia utilizaran la vía lenta del 143. En junio de 1980 se alcanzó un acuerdos para formar una comisión formada por 11 representantes de los partidos. La lengua, la bandera y la representación del Parlament provocaron divisiones. Se decidió dejar fuera la ley electoral.
En 1981 se acordó un texto. Fue en el Consolat de Mar, entonces sede del órgano preautonómico, el Consell General Interinsular (CGI), donde su presidente, Jeroni Albertí, reunió a la asamblea de parlamentarios. El texto se entregó al Congreso. Se aprobó en febrero de 1983. El BOE lo publicó el 1 de marzo. Este 2023 se cumplen 40 años.