El primer pleno que celebrará el Parlament este año será, entre otras cuestiones, para validar un decreto ley del Govern, concretamente el de medidas urgentes en materia urbanística, que limita la construcción cuando se pueda urbanizar, endurece condiciones para el uso del agua y amplia en 145 hectáreas las áreas de mayor protección.
Este decreto ley es el que hará 34 de los que se han aprobado esta legislatura. La oposición critica esta manera de llevar propuestas al Parlament y utiliza la expresión «decretazo», tanto para muchos de los anteriores como el que se incluirá en el orden del día del primer pleno. Quedará convalidado pero tanto PP, Cs como PI pedirán que se tramite luego como ley para presentar enmiendas. El tiempo apremia y aunque se haya habilitado enero como hábil para la actividad parlamentaria el Parlament quedará disuelto el 3 de abril cuando se convoque las elecciones autonómicas. La Mesa y la Junta de Portavoces se reunirán la semana próxima para revisar los asuntos pendientes y establecer prioridades.
El Consell de Govern que aprobó el decreto territorial, también aprobó la Ley del Juego –que incluye como novedad la prohibición de publicidad– pero esta no figuraba entre las seis para que se acordó un periodo extraordinario en enero. El pleno que se celebre este mes (no parece posible que haya dos) aprobará el decreto, la Ley de Reserva de la Biosfera y la Ley del Deporte. Seguramente se habilite el próximo miércoles en periodo extraordinario para la tramitación de estas dos leyes. Las otras son la de Cooperación, Espacios de relevancia ambiental, una de prestaciones económicas que unifica las que ya se conceden y una sobre comercio local.
Convocatoria electoral
El resto de leyes tendrán que esperar al periodo ordinario, que empieza el 1 de febrero pero que será más breve de los habitual por la convocatoria electoral. También dependerá del ritmo de las reuniones que se llegue a aprobar de manera definitiva la ley de iniciativa legislativa popular sobre el bienestar de futuras generaciones que la Cámara tomó en consideración.
Salvo esta ley, el resto de normas que esté tramitando el Parlament cuando se disuelva, decaerán. Eso es que no quedarán para la próxima legislatura. No hay garantía de que se apruebe todo lo pendiente. Y a esa actividad hay que sumar la de control al Govern.