El debate en torno a la industria prostitución se pone sobre la mesa en Baleares. El sindicato de trabajadores sexuales OTRAS, encabezado por Miquel Bibiloni, ha emprendido rondas de contactos con las principales fuerzas políticas autonómicas para incluir sus reclamas en los programas electorales de los próximos comicios. El abordaje de esta práctica levanta dilemas morales y genera división entre los llamados «abolicionistas», partidarios de sanciones punitivas para disuadir la práctica, y los defensores de su regulación o despenalización. Según la ministra de Justicia, Pilar Llop, «España es el primer país europeo en consumo de prostitución». Cort estima que hay entre tres y cuatro mil solo en Palma. Las cifras son meras especulaciones. La prostitución es alegal en España. Se encuentra en un limbo legal: no hay leyes que la prohíban, pero tampoco se contempla en el marco jurídico como tal.
Reclamaciones a los partidos
Pese a que buena parte de la posible despenalización (dotar a los trabajadores sexuales de marco legal laboral) depende de competencias nacionales, la delegación balear del sindicato OTRAS exige una batería de medidas a instituciones autonómicas y municipales «para frenar el desamparo y la desprotección de los trabajadores sexuales». Según el delegado sindical Miquel Bibiloni, es preciso que las ordenanzas municipales dejen de multar a los compañeros que trabajan en la calle, «porque lo que se consigue es que las personas que ejercen la prostitución se trasladen a zonas más escondidas para no ser multadas», quedando en mayor situación de desprotección.
Lejos de repudiarlo, exigen un mayor control por parte de las fuerzas de seguridad, en forma de sanciones no hacia los trabajadores sexuales, sino hacia los clubs de alterne, que según ya dictó el Tribunal Supremo, están obligados a mantener contratadas a las -en su mayoría- chicas, que en muchos casos siguen trabajando de forma ilegal. «Una cosa con la que tenemos que acabar es con el desconocimiento de los agentes sobre el tema», para lo que el delegado balear propone invertir en talleres de sensibilización para que desde la Policía se sepa cómo tratar los abusos a los que se ven expuestas en ocasiones las personas que ejercen la prostitución, además de contar con su colaboración en estudios y programas sobre esta práctica. Por el momento, el PP, Més per Mallorca, el Pi, Podemos y Ciudadanos se han mostrado dispuestos a dialogar sobre la posible despenalización de esta práctica. «Con el PSIB y Vox es muy difícil hablar, porque rechazan un debate que existe y que se tiene que tratar».