El Govern y el Ministerio de Defensa han acordado la llamada cesión demanial de Cabrera, por la que el Ejecutivo autonómico consigue la plena soberanía de uso y gestión del subarchipiélago como parque nacional, si bien el departamento estatal mantiene su propiedad formal. Concretamente, el Palau de l'Almudaina ha acogido la mañana de este viernes la firma del pliego de condiciones de la cesión demanial de las instalaciones de Defensa en Cabrera por parte de la consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, como responsable del patrimonio autonómico, en presencia del comandante general de Balears, Fernando Luis Gracia, y del conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir.
Mir ha explicado a este periódico que «tras la ampliación del parque nacional y conseguir la gestión de la misma a través de un contencioso con el Estado, ahora hemos logrado la soberanía de uso, como si fuera la propiedad de facto de Cabrera. Hasta ahora, mediante un convenio que llegó a caducar, siempre teníamos que pedir aval, permiso o autorización a Defensa para realizar cualquier actuación en Cabrera. Ahora ya no será necesario. La cesión demanial es por cinco años, pero con posterioridad se prorrogará automáticamente por otros cinco años, salvo oposición de alguna de las partes, hasta un máximo de 75».
El conseller señala que «con esta cesión, disponemos de una herramienta de seguridad jurídica a la hora de realizar inversiones en Cabrera. Estábamos invirtiendo dinero público de la Comunitat Autònoma en un territorio cuya titularidad es de otra Administración. Ahora tenemos plena autonomía para actuar en un espacio del que ya somos los máximos responsables de su uso y gestión. Nuestra capacidad de acción ya es total, siempre cumpliendo con las legislaciones y normativas vigentes. En cualquier caso, la coexistencia y la convivencia en Cabrera entre los efectivos del parque nacional, el Ejército y la Guardia Civil allí presentes siempre ha sido buena».
Miquel Mir expresó su satisfacción «por esta buena noticia que contribuye a mejorar la gestión del parque nacional. Para los visitantes y usuarios todo continuará igual, no habrá ninguna trascendencia». Como se recordará, el Estado no puede dejar la propiedad de Cabrera en manos de la Comunitat Autònoma porque el subarchipiélago fue expropiado en 1916, en plena I Guerra Mundial (aunque España era neutral), «a efectos de la defensa nacional». Renunciar a la titularidad supondría que esos «efectos de la defensa nacional» dejan de ser vigentes y, por tanto, los herederos de la familia entonces propietaria, los Feliu, podrían reclamar su retorno o recuperación.