El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sacado a consulta pública el proyecto de liberalización de siete nuevas torres de control del tráfico aéreo, que se suman a las doce que ya operan en este régimen. Entre estas torres se encuentra la de Son Sant Joan. El proyecto del Gobierno ha sido rechazado por Podemos, CCOO y el sindicato de los controladores aéreos USCA. La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha pedido una reunión urgente con el Ministerio de Transportes para conocer los detalles de la medida. Alfredo Jordán explica que la decisión del Ejecutivo central «es un disloque y va a suponer mayores costes, porque va a requerir de la contratación de más personal y los aviones van a tener que realizar las millas antes de poder aterrizar en las pistas».
CCOO, por su parte, muestra su rechazo «ante un despropósito de esta magnitud tan preocupante». El sindicato explica que la tendencia «es ir a mayores y acabar con Enaire tal y como la conocemos hoy». El sindicato muestra su preocupación e intranquilidad «porque hay muchos trabajadores afectados, que pueden ver en esta noticia un futuro incierto por este aumento privatizador, que podrá afectar a su estabilidad laboral». Asimismo, indica que es pronto para conocer detalles de lo que supondrá esta operación y esperan que el Gobierno «sea sensato y ponga freno a esta barbaridad».
CCOO indica que va a estar vigilante ante cualquier movimiento que afecte a las plantillas actuales de estos centros, y «no dudaremos en llevar a cabo las medidas que sean necesarias para el caso que se vean afectadas las condiciones actuales de los controladores afectados». En el caso de Palma serán 55. El sector gubernamental de Unidas Podemos ha expresado al PSOE su rechazo al proceso de privatización de las torres de control de los aeropuertos. Así lo aseguraron fuentes de Unidas Podemos a Servimedia, que argumentaron su rechazo señalando que «la eficiencia económica y el abaratamiento de costes no pueden ser los únicos ni los principales criterios a tener en cuenta para justificar la privatización de este servicio».