El Gobierno da largas a la posibilidad de limitar la compra de vivienda a los ciudadanos no residentes en las Islas. Asegura que el Tratado de la Unión Europea prohíbe todas las restricciones a las limitaciones de capitales a los estados miembros, así como entre estos y terceros países. «Esta libertad de circulación de capitales ampara el derecho de los ciudadanos europeos a adquirir segundas residencias en otro Estado de la Unión», dice el Ejecutivo
Son las palabras exactas que figuran en la respuesta remitida desde la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes a las preguntas de las diputada de Podemos Antonia Jover y Lucía Muñoz. Jover ya ha criticado la falta de voluntad del Gobierno y que «al ala derecha» de la coalición «mire para otro lado» en lugar de favorecer una excepción balear, como se hizo en España con el gas.
El Gobierno precisa en su respuesta que cualquier restricción que se adopte «por razones de orden público o de seguridad pública» -no habla de cuestiones económicas y no se menciona la vivienda como elemento clave para las limitaciones- «deberá ser necesaria, proporcionada y no discriminatoria». El Gobierno lanza balones fuera y recuerda que las limitaciones que ya existen en otros territorios europeos se hicieron porque se recogieron en el Tratado de Adhesión Europea de los respectivos países, por lo que son «Derecho Primario de la UE».
La respuesta enfría notablemente las expectativas de Baleares para conseguir el respaldo del Gobierno a la intención de poner limitaciones. El Govern ha llegado a crear una comisión, en la que participa la UIB, para buscar mecanismos que permitan esta limitación de compra a los no residentes o de venta a los residentes, algo que ni siquiera está claro aún.
El Gobierno, además, contesta con una respuesta tipo a varias preguntas diferentes formuladas por las diputadas de Podemos Antònia Jover y Lucía Muñoz. En ninguna de ellas da su opinión a si se ha indagado sobre la viabilidad de adoptar esta medida ni se responde cómo pretende el Gobierno impulsar un marco normativo que lo permita.