El Gobierno da largas a la posibilidad de limitar la compra de vivienda a los ciudadanos no residentes en las Islas. Asegura que el Tratado de la Unión Europea prohíbe todas las restricciones a las limitaciones de capitales a los estados miembros, así como entre estos y terceros países. «Esta libertad de circulación de capitales ampara el derecho de los ciudadanos europeos a adquirir segundas residencias en otro Estado de la Unión», dice el Ejecutivo
Son las palabras exactas que figuran en la respuesta remitida desde la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes a las preguntas de las diputada de Podemos Antonia Jover y Lucía Muñoz. Jover ya ha criticado la falta de voluntad del Gobierno y que «al ala derecha» de la coalición «mire para otro lado» en lugar de favorecer una excepción balear, como se hizo en España con el gas.
El Gobierno precisa en su respuesta que cualquier restricción que se adopte «por razones de orden público o de seguridad pública» -no habla de cuestiones económicas y no se menciona la vivienda como elemento clave para las limitaciones- «deberá ser necesaria, proporcionada y no discriminatoria». El Gobierno lanza balones fuera y recuerda que las limitaciones que ya existen en otros territorios europeos se hicieron porque se recogieron en el Tratado de Adhesión Europea de los respectivos países, por lo que son «Derecho Primario de la UE».
La respuesta enfría notablemente las expectativas de Baleares para conseguir el respaldo del Gobierno a la intención de poner limitaciones. El Govern ha llegado a crear una comisión, en la que participa la UIB, para buscar mecanismos que permitan esta limitación de compra a los no residentes o de venta a los residentes, algo que ni siquiera está claro aún.
El Gobierno, además, contesta con una respuesta tipo a varias preguntas diferentes formuladas por las diputadas de Podemos Antònia Jover y Lucía Muñoz. En ninguna de ellas da su opinión a si se ha indagado sobre la viabilidad de adoptar esta medida ni se responde cómo pretende el Gobierno impulsar un marco normativo que lo permita.
El afan de regular y prohibir todo de parte de la extrema izquierda solo busca un objetivo: La creacion de miseria. La propiedad privada es un concepto económico y del ámbito legal. Este establece el derecho del individuo, o las organizaciones, a la posesión, el control y la disposición de un bien. El hecho de que exista la propiedad privada, supone, de hecho, la protección de las personas frente al Estado. Así, también, frente a otras instituciones en lo que se refiere a su patrimonio, sus posesiones, etc. Este derecho, supone el pleno poder jurídico del propietario sobre lo que posee. Pudiendo emplearlo con el objetivo que este desee, ya sea para su ocio, o para darle una finalidad de explotación económica. Además, existe otra característica a tener en cuenta. En este sentido, la propiedad privada se extiende más allá del fallecimiento del poseedor. Todo ello, gracias a las herencias y la legislación correspondiente a las mismas. Con el desarrollo y la evolución, a lo largo de la historia, de diferentes teorías y modelos de pensamiento económico, la definición de este concepto se ha ido adaptando, al tiempo que ha adquirido importancia. Esto se debe, en gran parte, al papel de los derechos civiles y su desarrollo en los cambios experimentados por la sociedad a lo largo de los siglos, así como el crecimiento económico a nivel global. El derecho a la propiedad privada es una de las características principales del modelo económico capitalista y de sus derivados. Así, tras la primera revolución industrial y la aparición de la clase media y la sociedad burguesa, su significado ha ido adquiriendo mayor relevancia a la hora de entender el espectro económico. En ese sentido, el liberalismo económico aboga por la defensa de la propiedad privada como motor de aumento de la riqueza de las sociedades. Todo ello, basando el modelo económico en la acción del sector privado. Desde el sector público, en tanto, debe protegerse este derecho y velar por la explotación de los recursos privados y los medios de producción en un marco de legalidad. Para el liberalismo todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. El derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo e iniciativa individual, y como derecho inalterable que debe ser salvaguardado y protegido por la ley. Ningun Estado debe limitar el uso de la propiedad privada, eso esta en contra de nuestras libertades, en contra de nuestros derechos inalienables que son el derecho a la vida a las libertades y a la propiedad privada. Eduardo Carbajal Torbay