El pleno del Parlament balear celebrará el próximo martes su tercer debate sobre la vivienda en una semana. Ese día se votarán parte de las propuestas que presenta Unidas Podemos para «garantizar» ese derecho ante «el incremento constante del precio del alquiler». Según el diputado Pablo Jiménez, «es un 20% más caro» que en el año anterior. Unidas Podemos todavía no lleva a l pleno la propuesta que anunció el miércoles y que incluirá en su programa electoral: la creación de una empresa pública de alquiler. El Colegio y la Asociación de Agentes de la Propiedad rechazaron la medida nada más conocerla: en su opinión, no ayudará a bajar los precios.
Todos los partidos con representación parlamentaria han planteado estos días sus propuestas. Según la presidenta del PP y candidata a presidir el Govern, Marga Prohens, «la izquierda ha fracasado con sus políticas intervencionistas». El PP resumió a este periódico los cuatro puntos que desarrollará en su programa electoral, «y que podremos empezar a aplicar en los primeros cien días»: un programa de alquiler seguro, con intermediación entre propietarios y personas que buscan piso; un programa de promoción del alquiler público-privado para edificar viviendas a precio tasado; cambios normativos suprimiendo medidas intervencionistas para agilizar los proyectos y un paquete de incentivos fiscales. Entre otros, la deducción del IRPF y la exención del impuesto de transmisiones. El PP, además, pide al Govern que olvide la propuesta de impedir comprar casa a no residentes. «Es un disparate y una ocurrencia como la de los contenedores», dijo el martes el ‘popular' Sebastià Sagreras.
Cambios normativos
La presidenta de Cs en Balears y portavoz estatal del partido, Patricia Guasp, también coincide en que es imprescindible la colaboración público privada y en la rebaja de cargas impositivas. Según Marc Pérez-Ribas, también de Cs, hay que reservar pisos a los jóvenes e incentivar el alquiler con opción de compra y fomentar la venta directa entre grandes tenedores y jóvenes. No se puede jugar todo a las VPO totalmente públicas. De hecho (según un dato confirmado desde el Govern), hay 4.000 peticiones de VPO en lista de espera pero 11.000 solicitudes de ayudas de alquiler sin contar el Bono Joven.
La apuesta del PSIB, y del conseller socialista que lleva Habitatge en el Govern –el ibicenco Josep Marí– son las viviendas de protección pública, además de las ayudas al alquiler. Marí recuerda que en 2015 había 1.300 VPO edificadas y que, si se cumplen las previsiones, pueden construirse hasta 15.000 en tres legislaturas.
Més per Mallorca, que forma parte del Govern, considera «insuficiente» lo que se ha hecho hasta ahora. Su candidato para mayo, Lluis Apesteguia, afirma que «la vivienda será clave en el próximo pacto». En eso insiste también la candidata de Unidas Podemos, Antònia Jover. Ambos partidos proponen fijar un tope a los precios del alquiler y que se prohíba la venta de VPO. Los dos mantienen abierta la vía a prohibir ventas a no residentes.
El PI es el único partido del centro derecha que apoya esta medida. Y va más allá. Según Josep Melià, uno de los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial tendría que ser acreditar un mínimo de dos años de residencia en las Islas. Según Melià, es cierto que hay una «enorme cantidad» de viviendas vacías pero eso ocurre también porque el alquiler es «poco atractivo» para el propietario y eso presenta «muchas inseguridades». La fiscalidad, interpreta, es poco atractiva. El PI también plantea cambios normativos para cambiar el uso de locales y oficinas para destinarlos a vivienda. A lo que se opone, totalmente, es a la «ocurrencia» de los contenedores.