El Parlament balear ha multiplicado prácticamente por diez la presencia diputadas desde que se constituyó en 1983. Si en la primera legislatura (1983-1987), fueron 3 las mujeres con escaño, ésta terminará con 28, después de la incorporación de Vanessa Díaz al Grupo Mixto en representación del grupo Gent per Formentera. En porcentajes, del 4% de mujeres, en 1983, al 47% de 2023.
Este dato, lo recordó este miércoles el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, tras la aprobación, en la Mesa de la Cámara, de su primer plan de igualdad. En 2002, durante el primer gobierno de izquierdas de Balears, se aprobó una reforma de la ley electoral que obligó a presentar candidaturas donde se alternaran mujeres y hombres en la listas autonómicas mediante el sistema llamado cremallera, que es el que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que se extendería a todos los procesos electorales.
Con posterioridad a esta norma pionera autonómica, Balears ha ido aprobando otras, entre ellas una ley que obligaba a la administriaciones y empresas con más de 50 personas en plantilla a aprobar planes de igualdad. El plan del Parlament empezó a elaborarse en 2021 y ayer se aprobó. No va sólo dirigido a los cargos políticos, sino también al personal.
Entre los datos que incluye este plan –que se ocupa de un abanico amplio de cuestiones que van desde la utilización de un lenguaje no sexista o discriminatorio a protocolos en caso de acoso sexual– destaca el referido a la evolución del número de mujeres, no únicamente en el pleno, sino también entre el funcionariado.
La información facilitada desde el Parlament referida al personal no es tan completa como la relativa a cargos políticos.
Perspectiva de género
Las mujeres ocupaban en 2017 el 42% de los puestos de la plantilla frente al 47% de 2021, que es cuando se empezó a elaborar el plan. Éste, obliga a mantener una base de datos permanente de las personas que forman la plantilla; precisa que debe aplicarse la perspectiva de género en las convocatorias; dar difisión a todos los permisos relacionados con la conciliación, y elaborar protocolos para violencia de género y acoso. También, garantizar la equiparación salarial.