El servicio de inspección y sanciones de la Direcció General d'Habitatge del Govern ha impuesto una multa de 210.007 euros a una empresa por alquilar hasta siete infraviviendas en Ibiza. Es la consecuencia de una infracción considerada como «muy grave» y contemplada dentro de la Ley de Vivienda de les Illes Balears, de 2018, cuyo artículo 88 m) deja clara la penalización por «incumplir las normas realizando una sobreocupación o una infravivienda, así como las relativas al uso inadecuado de la vivienda, el anexo, el local o el alojamiento».
Por parte del servicio de inspección, se propuso una sanción de 30.001 euros por cada una de las siete infraviviendas, el importe mínimo previsto por la ley para las infracciones consideradas como 'muy graves'. Los técnicos optaron por ese tipo de multa al ser la primera vez que se cometía esta infracción y por no hallar atenuantes. Esa cifra eleva la sanción a 210.007 euros, la más alta impuesta por el Govern en esta materia.
El asunto se centra en una serie de espacios que poseían licencia como locales comerciales, que se dividieron en su momento y se reconvirtieron en siete infraviviendas que, además, no disponen de cédula de habitabilidad, figurando en el Catastro como espacios con un uso comercial, por lo que no tienen permiso para ser ofertados o utilizados como vivienda.
De la misma manera, uno de los locales, el más grande de ellos, fue dividido en un mínimo de tres habitaciones. Únicamente una de ellas posee iluminación natural, a través de una ventana que da a la calle, mientras que el resto no cuenta con ella, siendo a la vez espacios de tamaño inferior a lo que establece la legislación actual en todos los casos.
El precio más bajo de alquiler era de 600 euros, mientras que el más alto era de 900 euros, partiendo la denuncia de la comunidad de propietarios del edificio, que la hizo llegar al ayuntamiento de la capital ibicenca, que a su vez la transmitió al Consell para después pasar a manos del servicios de inspecciones y sanciones de la Direcció General d'Habitatge del Govern.
Destacar que el infractor reconoció los hechos, por lo que se le aplicó una reducción del 20% del importe de la multa, haciéndola además efectivo dentro del periodo voluntario, por lo que se añade otro 20% extra de rebaja, por lo que el montante final quedó en 126.004'2 euros.