Los letrados de la Administración de Justicia respaldan de forma mayoritaria el acuerdo entre el comité de huelga y el Ministerio de Justicia para poner fin a diez semanas de protesta que han puesto en jaque a los juzgados de toda España y que ha tenido un reflejo palpable en Balears. Más de 3.000 actuaciones judiciales se han visto suspendidas en las Islas por la protesta, entre ellas alrededor de 1.500 juicios en todas las jurisdicciones, si bien el impacto ha sido mucho más palpable en Civil.
La protesta terminará de forma oficial este martes, cuando a las once están convocadas las asociaciones de los letrados en el Ministerio. Se trata de ratificar la propuesta que el gobierno hizo llegar al comité de huelga el pasado viernes y que ha sido ratificada este lunes de manera mayoritaria. En las asambleas celebradas en las Islas el respaldo a la oferta también ha sido notable.
El acuerdo incluye un aumento en la retribución de los letrados. Esta era una de sus reclamaciones como compensación al aumento de funciones que han asumido en los últimos años. También implica la creación de una mesa de negociación entre sus asociaciones y el Ministerio para abordar, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de las leyes de eficiencia y modernización y la implantación de la nueva oficina judicial. Las asociaciones de letrados reclamaban poder negociar sus condiciones directamente con el Ministerio al margen de los sindicatos que representan al resto de funcionarios de la Administración de Justicia. En esa mesa también se abordará el impacto de la protesta y medidas para agilizar los señalamientos que se han visto postergados por la protesta.
Durante las diez semanas de huelga, el seguimiento en Balears ha rondado el cuarenta por ciento, de forma mucho más notoria en la sede de Sa Gerreria. Las cancelaciones de juicios y de distintas actuaciones se han sucedido cada día y, de forma perceptible la actividad diaria en todos los juzgados ha disminuido. Solo han quedado al margen servicios bajo servicios mínimos como las causas con preso o los juicios rápidos en Penal, la celebración de matrimonios civiles o los pagos de pensiones de alimentos. Algunas de estas medidas han sido mantenidas por los propios letrados al margen de los servicios mínimos y luego se incluyeron en los mismos. La protesta arrancó el 24 de enero.