La investigación interna del Parlamento Europeo para dilucidar si José Ramón Bauzá acosó laboralmente y maltrató psicológicamente a uno de sus empleados está analizando los intercambios de tuits, emails, whatsApps, sms y llamadas del móvil que se cruzaron. Se investiga especialmente si el asistente denunciante recibió llamadas fuera de su horario.
La denuncia se interpuso en verano y como dicta el protocolo en estos casos, un grupo de Apas (Asistentes de eurodiputados de partidos distintos) abrió un expediente interno. En esa fase de la investigación, se ha contactado con el denunciante -que ya no trabaja en la oficina del mallorquín- y con el afectado, que niega que existiera maltrato de ningún tipo y achaca el malestar del empleado a una carga de trabajo que podía ser excesiva «o no».
Los compañeros del despacho también han sido llamados a declarar y se están recabando todos los mensajes de internet o físicos que se intercambiaron Bauzá y el empleado durante todo el período que duró su relación laboral. Si hay rastro de llamadas nocturnas o a horas intempestivas, en vacaciones o en fines de semana, podría confirmarse la versión del asistente.
Análisis
Todo ese material que está siendo recopilado, y cuya investigación dura meses, será entregado a los cuestores. Son cinco cargos que se reúnen al menos una vez al mes y se encargan de los asuntos administrativos y económicos relacionados con los eurodiputados. Los cuestores son elegidos en votación secreta, en tres vueltas y por mayoría: en las primeras dos vueltas se requiere la mayoría absoluta de los votos emitidos; en la última basta la mayoría relativa. Su mandato tiene una duración de dos años y medio. Los cuestores tienen voz consultiva en la Mesa.
Una vez que este grupo selecto haya contrastado todos los informes de los Apas, traspasarán el expediente interno a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que será la que decidirá si existió acoso laboral o no. Si se confirma la versión del denunciante, Metsola deberá fijar el tiempo que Bauzá permanece «castigado» administrativamente. Si, por el contrario, no hay indicios de maltrato psicológico, se cerrará el caso sin consecuencias para el expresident de Balears.
El precedente español más cercano es el de la eurodiputada socialista Mónica Silvana, a la que impusieron 30 días de dieta (10.000 euros) y la suspensión de su actividad parlamentaria durante el mismo tiempo por maltratar a sus tres asistentes personales entre 2019 y 2021.