El nuevo Govern no interrumpirá el desarrollo de la ley de personas desaparecidas, conocida como ‘ley de fosas' ni los planes ya iniciados sobre la localización de personas asesinadas inmediatamente después del golpe de Estado de 1936 o como consecuencia de la Guerra Civil posterior. El Ejecutivo anterior estaba volcado ahora en la identificación de muertos y desaparecidos como consecuencia del desembarco del capitán Bayo, que dirigió la expedición a Mallorca que organizó la Generalitat de Catalunya, entre agosto y septiembre de 1936 con la idea de ‘recuperar' Mallorca para el Gobierno de la República.
El Govern también continuará el proyecto para el laboratorio de ADN, que pone en contacto a desaparecidos con descendientes. Aunque el Ejecutivo que preside Marga Prohens no tiene un departamento específico para estas actuaciones –el anterior contaba con una secretaría autonómica que dependía de Viceprèsidència–, la consellera de Presidència, Antònia Estaellas, encargará al director general de Coordinació i Transparència, Jaume Porsell, que se ocupe de estas cuestiones. Estarellas informó de estos planes a la presidenta de Memòria Democràtica, Maria Antònia Oliver.
Las dos partes, Govern y la asociación, han confirmado la voluntad de seguir con la ‘ley de fosas'.
«He salido satisfecha de la reunión, es un buen comienzo y es importante que continúen los proyectos», dijo para añadir que aunque se mantenga la ley de personas desaparecidas, sí se mantiene la voluntad de derogar la Llei de Memòria. El PP apoyó las dos leyes cuando estaba en la oposición aunque, a petición de Vox, ha aceptado la derogación de la segunda, algo que tendrá que aprobar el Parlament. «Ahí sí que nos tendrán en contra», dijo Oliver.