El Govern permitirá la división de grandes pisos y casas unifamiliares siempre que los el tamaño mínimo de las viviendas sea de 60 metros en el caso de los pisos y de 90 metros cuando la división sea en las viviendas unifamiliares. Es una de las medidas que incorporará el decreto de emergencia habitacional que prepara el Ejecutivo de Marga Prohens.
Los pisos resultantes deberán ser de VPO o a precio tasado y el precio de venta estará en un rango de entre 102.000 y 240.000 euros si se pone a la venta y de entre 385 y 900 euros si se pone en alquiler en función del municipio en el que se construyan. Este mismo precio queda fijado para las viviendas que se consigan con las otras dos medidas que anuncia el Govern: la posibilidad de subir pisos para igualar la altura de los edificios en las calles y la reconversión de locales comerciales en viviendas.
El decreto de emergencia habitacional permitirá, además, reconvertir hoteles en viviendas y finalizar edificios fuera de ordenación que estén en suelo urbano. También en estos casos se deberán cumplir el precio mínimo que marca el decreto, que se aprobará este mes de septiembre, según ha anunciado la presidenta del Govern, Marga Prohens, tras una reunión con representantes municipales y del sector de la construcción y la promoción urbanística.
En cualquier caso, serán los ayuntamientos quienes decidan si autorizan o no todas estas medidas o algunas de ellas, que, en cualquier caso, estarán en vigor por un periodo de dos años. En el caso de la posibilidad de levantar alturas en edificios ya habitados, se deberá contar con la autorización de la comunidad de vecinos para hacer la obra. Para saber la altura máxima que podrán crecer a viviendas, se calculará una media de la manzana y se le aplicará un incremento del 50 % y en ningún caso se podrá superar la altura del edificio más alto que haya en la calle.
«El acceso a la vivienda es un problema social; es un problema sanitario por la falta de profesionales de la sanidad; es un problema de seguridad ciudadana, porque no hay personal de seguridad, y es un problema para la competitividad por la falta de profesionales en todos los sectores», ha dicho la presidenta del Govern, Marga Prohens.
«La política vivienda no se puede hacer solo desde la Administración, sino con todos los sectores que trabajan en esta materia. No se puede criminalizar a la iniciativa privada cuando hablamos de vivienda» ha añadido. La presidenta ha asegurado que este primer decreto supone coste cero para la administración y cero consumo de territorio y respeta la autonomía municipal ya que serán los ayuntamientos quienes decidan de qué manera lo adaptan.
La consellera de Habitatge, Marta Vidal, ha dicho que se trata de medidas «que no tienen carga ideológica» y que además se podrán aplicar de manera inmediata, con autonomía en los municipios. «Se ha hablado con los constructores y promotores para que las normas sean ejecutables, además de con los propietarios de fincas», ha añadido.