El Govern ha puesto el punto de mira sobre el reparto de la Renda Social Garantida (RESOGA), una prestación periódica dirigida a cubrir las situaciones de vulnerabilidad social derivada de la carencia de recursos económicos de las personas, familias u otros núcleos de convivencia, aprobada por el Pacte durante 2017.
Días atrás y durante su comparecencia en el Parlament, Catalina Cirer, consellera de Famílies i Afers Socials, anunció una auditoría a la gestión de estas ayudas. Tanto Cirer como su equipo de trabajo más próximo tienen muchas dudas sobre la administración que realizó Fina Santiago, la antigua titular de la Conselleria d'Afers Socials i Esports. Es más, durante las últimas horas, Cirer ha trasladado a la vicepresidencia d'Economia i Hisenda la necesidad de contratar de forma urgente una auditoría externa al sistema de prestaciones que se ha aplicado durante los últimos años. Cirer ha pedido rapidez porque su equipo tiene indicios de que durante el anterior mandato existía poco rigor a la hora de revisar el destino de las ayudas.
Un primer análisis interno ha revelado que en poco más de tres meses -de mayo a julio- fueron excluidos más de medio millar de perceptores (562), dejando la cifra total en 2.820. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, esta depuración, que prácticamente coincide en el tiempo con la convocatoria de elecciones autonómicas y municipales (28-M), es muy brusca y desentona con las cifras del resto del año, que nunca eran inferiores a los 3.000 beneficiarios. A finales de mayo de 2023, el Govern pagaba la Renda Social Garantida a 3.382 personas.
Si esta criba, que desde el equipo de Cirer consideran «enorme, totalmente atípica y sospechosa», ha forzado al actual Govern a reclamar una auditoría externa al sistema de prestaciones, otro aspecto que ha elevado las dudas es el desconocimiento de los perfiles de los perceptores de estas ayudas públicas, que en algunos casos se pagaban en efectivo. Las cuantías económicas de la Renda Social Garantida se dividen en distintos baremos y van desde los 491,63 euros mensuales a los 1.081,59, según la estructura de las unidades de convivencia.