El problema de la vivienda se ha convertido en un dolor de cabeza para los ciudadanos de Baleares. La escasa oferta y su elevado precio, unida a la necesidad que reclaman colectivos claves para el desarrollo de la actividad en sectores básicos (sanidad, enseñanza, administración...) ha convertido este asunto en una prioridad para el nuevo Govern, que en cuestión de semanas ha activado un decreto ley de emergencia habitacional con el que intentar aportar soluciones legales de cara a los próximos meses y evitar situaciones comprometidas a quienes no pueden asumir el elevado coste de un techo en las islas, incluyendo conceptos como la vivienda de precio limitado.
Además de plantar cara al alquiles turístico ilegal, la prioridad del decreto ley redactado por el equipo de la Conselleria de Habitatge, y presentado este lunes por su titular, Marta Vidal, persigue abrir con celeridad y condiciones asequibles el mercado de la vivienda a las clases medias y trabajadoras, las grandes afectadas junto a otros colectivos que han encontrado en la insularidad otro hándicap añadido a la carestía de oferta, especialmente en islas como Ibiza, señalada por un problema enquistado y que ha lastrado especialmente a algunos servicios esenciales.
Pero una de las apuestas por las que pujan fuerte Vidal y su equipo es la incursión de nuevos conceptos de tipos residenciales con raíces en Europa y que llevan años desarrollándose en diferentes países del continente, con una tímida y discreta presencia en Baleares. Y es que este necesario decreto ley establece en su texto la definición de alojamiento con espacios comunes complementarios. O lo que es lo mismo, Coliving y Cohousing. Dos nuevos perfiles de entender la vivienda residencial y que, en el caso de Baleares, tendrán como objetivos prioritarios colectivos como son los jóvenes, personas mayores y una serie de ramas profesionales castigadas por la falta de oferta de vivienda como son los sanitarios o los docentes.
Estas líneas de actuación se concentrarán especialmente en islas como Ibiza y Formentera, dos lugares en los que esos dos últimos colectivos han visto cómo el problema de la vivienda condiciona incluso su día a día y complica el desarrollo de su actividad y el poder en muchas ocasiones cubrir esas plazas dentro del organigrama público, aunque su expansión por el resto del archipiélago queda establecida con este nuevo texto.
En el caso del Coliving, la idea pasa por alquilar pisos compartidos y tiene especial aceptación entre los más jóvenes y quienes buscan una primera alternativa para independizarse. Esta fórmula permite ahorrar dinero, además de relacionarse con gente afín e interactuar bajo el mismo techo. El coste de ese alquiler es más asequible para este tipo de potenciales usuarios, que disponen de su habitación individual, compartiendo las zonas comunes.
A la par, el Cohousing es la otra carta que pone sobre la mesa el Govern, planteando viviendas colaborativas y autogestionadas, focalizadas especialmente en personas mayores de 50 años y de la tercera edad. Esta iniciativa ha tenido precedentes en Mallorca, aunque sin reconocimiento institucional y sufriendo para poder afianzarse con alternativa. El perfil de vivienda que fija el Cohousing es de carácter privado, con zonas comunes en las que poder socializar, pudiendo incorporar servicios extra como centros de día o guarderías en función de quienes las habiten.
El Cohousing tiene sus orígenes en los años 70 del siglo pasado en Países Bajos y Dinamarca. La idea inicial era la de alojar a parejas jóvenes para que se ayudaran de manera mutua en el cuidado de sus hijos y las tareas del hogar. Con el paso del tiempo, llegó a extenderse a otros países y alcanzó una enorme popularidad, aunque no entre la cuota de los jóvenes, sino que lo hizo entre la gente mayor, cambiando su enfoque.
Las dificultades para encontrar terrenos en las que desarrollarse fueron una zancadilla para iniciativas surgidas en Mallorca, como las trazadas por las asociaciones Plegats, Casal Mallorca y Es Llindar Projecte Cooperatiu, que no pudieron sacar adelante esas ideas de viviendas colaborativas al no hallar un espacio asequible económicamente ni suficiente espacialmente, además de verse destinados a tantear municipios de la Part Forana en el caso de Mallorca.
Dos conceptos de marcado concepto colectivista y sello europeo se erigen en alternativas para dar una salida en materia de vivienda a una serie de colectivos que sufren en primera persona la necesidad de una vivienda digna en Baleares, donde lo que es legalmente un derecho se ha convertido en un producto de lujo para muchos.