El tiempo de espera para recibir una valoración de un grado de discapacidad es de 17,5 meses en esta comunidad, lo que ha provocado que, en estos momentos, 9.397 personas estén pendientes de conseguir cita con los equipos profesional. El plan de choque aprobado por la nueva titular de la Conselleria de Família i Afers Socials, Catalina Cirer, plantea reducir los tiempos de la lista de espera, una asignatura pendiente del anterior Govern y que, según apunta la consellera, «no se gestionó como tocaba».
La anterior autoridad aseguró en marzo que se tardaba entre nueve y diez meses en recibir una valoración de discapacidad. Balears pasó a ser de las comunidades con la lista de espera más baja a superar, ahora, la media estatal, que se sitúa en torno al año y medio. Para reducir los tiempos, una de las apuestas, ya en marcha, es el convenio de colaboración con el IB-Salut, lo que permite que cualquier profesional del Servei de Salut pueda colaborar en las revisiones. Por otra parte, otra de las acciones será el uso de la viodeoconferencia durante la evaluación con lo que se conseguirá suprimir las dobles visitas del personal valorador. «Estamos diseñando un paquete de actuaciones con el equipo del departamento de Discapacidad. No pondremos el contador a cero en un año, pero iremos mejorando y disminuyendo estas cifras», argumenta Cirer.
Desde que la consellera asumió la cartera de Família i Afers Socials ha valorado las propuestas y planes que le dejó en herencia la exconsellera Fina Santiago. La intención de Catalina Cirer parece que es continuar en la misma línea de actuación de estos últimos nueve años, aunque con ciertas modificaciones.
Dependencia
Actualmente, hay 4.300 personas dependientes en la lista de espera para revisar su grado, de las que 3.000 son para una valoración inicial. Si bien el tiempo de espera no ha sido un problema a solucionar, y va acorde con los tiempos a nivel estatal, lo que sí prioriza Cirer es concluir los proyectos de residencia actuales, promover centros sociosanitarios y cumplir con las ratios de los centros –aumentar personal es una de las principales demandas del colectivo–.
Ayudas
La Renta Social Garantizada (Resoga) se garantiza con el nuevo Govern. Catalina Cirer asegura que antes de tomar decisiones, no solo es necesario conocer el Presupusto General que tendrá su Conselleria, sino valorar lo que hasta ahora ejecutó la anterior titular del área. Además, no descarta «complementar» la ayuda después de que las entidades sociales le hayan advertido del efecto del aumento en la cesta de la compra.
Tercer Sector
La consellera quiere que las ayudas sean continuistas para las familias durante todo el año. Discrepa de cómo se ha utilizado hasta ahora el llamado escudo social, entre meses puntuales de 2022 y 2023, según informa. Por eso, Cirer se ha comprometido con «todas» las entidades del tercer sector a, incluso, reforzar en algunos casos el presupuesto que se destina. Sin embargo, de momento no implantarán las dos pagas extras que anunció el anterior Govern del Pacte, pero no descartaría activarlas de nuevo si la situación socioeconómica lo requiere.
Cooperación
El Govern del PP está obligado a destinar a Cooperación el 0,7 por ciento del Presupuesto hasta 2030. Cirer tiene la intención de llegar a esta cifra. Además, ha avanzado que mantendrá todas las actuaciones hechas hasta ahora. Seguirán las colaboraciones con las entidades, la colaboración con los fons mallorquín, menorquín y el de Eivissa; el apoyo a la Associació d'Amics del Poble Sahrauí y aquellas actuaciones continuistas en el norte de África y América del Sur. Dará voz a los colectivos de mujeres en situación precaria.
Inmigración
La Conselleria tiene previsto continuar, y reforzar en parte, con los programas de ayuda a los inmigrantes que se dedican a la venta ambulante y a las víctimas de las redes de explotación. Las partidas y colaboraciones a entidades como Patronat Obrer o Deixalles, entre otras, se mantienen y priorizarán los proyectos que permitan su acceso al mundo laboral y a su integración social y lingüística.