La nueva Ley de Bienestar Animal convierte a los ayuntamientos en responsables civiles de todos los gatos callejeros que viven en sus municipios. Desde su entrada en vigor a finales del mes de septiembre los consistorios están obligados a capturarlos, identificarlos con un microchip, castrarlos y vacunarlos. Ya han avisado de que no pueden asumir los costes que ello conlleva.
La Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) ultima la convocatoria de una reunión urgente con el Consell, el Govern, el Colegio de veterinarios y los alcaldes y alcaldesas de las Islas para abordar de manera coordinada la situación.
El capítulo VI de la nueva norma establece el marco legal para la gestión de poblaciones felinas en libertad entendiendo como tales las que tienen su origen en gatos abandonados, extraviados o merodeadores sin esterilizar así como las camadas procedentes de éstos, como consecuencia de la tenencia irresponsable.
Se introduce el concepto de gato comunitario para referirse al gato libre que convive en entornos humanos y que no es adoptable por su falta de socialización. La ley establece una gestión integral de los gatos comunitarios con métodos no letales (sin sacrificios) con el objetivo de reducir progresivamente su población mientras se controla el aporte de nuevos individuos con la esterilización obligatoria de los gatos con hogar.
La Ley 7/2023 de Protección de los derechos y el bienestar de los animales protege de facto a todos los gatos callejeros que no podrán ser sacrificados y obliga a los ayuntamientos a disponer de un veterinario colegiado que atienda a los gatos comunitarios que lo requieran. En Mallorca solo el Ajuntament de Palma tienen veterinarios municipales en plantilla, el resto tienen acuerdos de colaboración con clínicas veterinarias o con Natura Parc, empresa que mayoritariamente se encargaba hasta ahora de la recogida de animales en la Part Forana.
Los alcaldes y alcaldesas avisan de que necesitarán la ayuda económica e implicación de las administraciones supramunicipales para aplicar la normativa y aún así no resultará sencillo. Entre sus obligaciones está la de mapear y censar todos los gatos callejeros de cada municipio, acondicionar espacios adecuados para establecer colonias controladas en las que puedan vivir en libertad, identificar mediante microchip a todos los animales, esterilizarlos, desparasitarlos y vacunarlos.
Los ayuntamientos deben controlar y sancionar a aquellos propietarios de mascotas que no pongan las medidas necesarias para evitar la reproducción de sus animales con gatos comunitarios y tienen que enviar anualmente un informe estadístico a su respectiva comunidad autónoma en el que se detalle la implantación y evolución de los protocolos en sus municipios.