De las más de 20.000 quejas sanitarias en la administración pública registradas el año pasado, un 42 % (8.430) fueron a causa de las largas demoras soportadas y otro 41 % (8.187) se debió a una mala prestación del servicio. Los usuarios lamentaron, además, la falta de empatía en el trato con los profesionales en 1.272 casos; o el desconocimiento o falta de confianza que se les transmitió en el momento de la visita, en 1.170 ocasiones. La ausencia de continuidad en la prestación de un servicio o el mal estado de las instalaciones en las que fueron atendidos cierran la lista, en manos del IB-Salut, que se actualizará el próximo mes de enero.
La administración sanitaria no actualiza las cifras de las listas de espera desde el pasado mes de agosto cuando había en Baleares 92.687 personas pendientes de la sanidad pública. La lista para una intervención quirúrgica era por entonces de 77.890 pacientes, un 14,5 % más que el año anterior. Mientras que había 14.797 más pendientes de una primera visita con el especialista.
Resolver estas cada vez más dilatadas esperas es una de las misiones más importantes del nuevo Govern después de un plan de choque del anterior que, si bien ayudó a rebajar las intervenciones quirúrgicas, dejó como un asunto pendiente la derivación de pacientes a las clínicas privadas para ver a los diferentes especialistas.
Así pues, en la actualidad, ya se ha visto como giraban las tornas y la exconsellera de Salut, Patricia Gómez, preguntaba a su sucesora, Manuela García, cuando preveía recuperar el Decreto de Garantía de Demora, suspendido por la pandemia, que tanto le requirieron a ella hace meses.
La actual titular de sanidad ya avanzó en la presentación de sus presupuestos para 2024 en el Parlament que dedicaría 22 millones de euros a rebajar las listas de espera pero poco se sabe de la estrategia a seguir.
Y es que más allá de los 77.890 pacientes con dolencias por resolver, hay que fijarse en el tiempo medio en que se les atiende y, en ambos casos también va en aumento. De ahí que encajen las cifras con las reclamaciones y quejas de los usuarios.
Los pacientes tardan casi cuatro meses y medio en someterse a una operación, 133,8 días, un 4,5 % más que el año anterior. Mientras que la demora para ver a un especialista es de más de dos meses uy medio, 77,3 días, un 20 % más. La sanidad pública sigue sin recuperarse del efecto de la pandemia por COVID, un parón que ha derivado en más dolencias generalizadas y se ha unido a la preocupante falta de sanitarios.