El propio Govern balear se encargará de finalizar los expedientes que tenga en marcha la Oficina Anticorrupción de Balears una vez que ha quedado desmantelada por decisión de PP y Vox. El vicepresident del Govern y conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, ha enviado una respuesta a la diputada del PSIB Pilar Costa en la que detalla los planes del Govern con la tramitación de los asuntos que estaban en fase de investigación, entre ellos uno que afecta al actual director general de Emergèncias en relación a una actuación urbanística en Campos.
En su respuesta a la diputada socialista, Costa dice que los expedientes que están en estos momentos en la Oficina, medio centenar, según algunas fuentes, seguirán a partir de ahora una doble vía en función del grado de tramitación. Los que ya estén iniciados y en marcha se remitirán a la Inspecció General de Serveis de la Comunitat Autònoma.
Este departamento se ha designado como el canal interno de información a los efectos que marca la ley para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción «para que finalice su instrucción», asegura el vicepresident en su respuesta a la diputada socialista.
Los expedientes que se encuentren en fase de incoación se remitirán a las administraciones competentes «por razón del objeto de la denuncia» para que les den la tramitación que consideran oportuna. El expediente se canalizará a través del departamento de inspección general de Serveis de Balears y, en su respuesta a Pilar Costa, el vicepresident no aclara a qué administración se refiere, aunque podrían ser la Sindicatura de Comptes o la propia Fiscalía en función de la posible gravedad de los delitos que se hayan podido denunciar.
De hecho, la razón fundamental por la que tanto PP como Vox han defendido la irrelevancia de la Oficina Anticorrupción es que sus investigaciones se solapan con las de otras administraciones, como la propia Fiscalía, que además dispone de más personal y medios. También argumentan que las actuaciones de la Oficina han acabado en su mayor parte con un cierre del expediente sin que las denuncias hayan tenido mayores consecuencias, ya sea en el ámbito judicial, penal o tributario.