Baleares sería la única comunidad autónoma que podría autofinanciar sus pensiones con ingresos propios dentro del sistema de la Seguridad Social, mientras Madrid estaría cerca de conseguirlo y Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias y Cataluña serían las más alejadas de ese hipotético objetivo. FEDEA publica un informe en el que calcula por territorios, con datos de 2021, que es el último ejercicio para el que está disponible toda la información necesaria, el saldo contributivo del Sistema de Seguridad Social.
Esto es, la diferencia entre la suma de la recaudación de las cuotas por contingencias comunes y por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, las tasas y otros pequeños ingresos propios del Sistema, por un lado, y el gasto en prestaciones contributivas (pensiones, incapacidad temporal por enfermedad, cuidado de menores, otras prestaciones contributivas, gasto en sanidad de Mutuas Colaboradoras y los gastos de administración), por otro.
Para el conjunto del país, este saldo fue negativo en 2021 por valor de 33.449,93 millones de euros (2,8 % del PIB), pero si los cálculos se realizan en el ámbito autonómico, la situación varía mucho de un territorio a otro. Como destaca la entidad de la que son patronos el Banco de España y grandes bancos y empresas del Ibex 35, «tan sólo» Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla presentan un saldo positivo en 2021 (265,20, 10,5 y 4,9 millones de euros, respectivamente).
El resto, añade, no habrían dispuesto de ingresos suficientes para asumir sus obligaciones de gasto, de forma que «en la hipótesis de no formar parte de un Estado, España, deberían reducir el nivel de gasto, dedicar una parte de sus impuestos propios a este fin, subir las cotizaciones sociales o emitir deuda pública si les fuera posible». En valores absolutos, la relación de territorios deficitarios en el sistema está encabezada por Andalucía (5.673 millones de euros), seguida de Cataluña (4.903,80), Galicia (4.096,30) y País Vasco (4.087,90 millones).
Indica el informe, firmado por el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García Díaz, que estas cifras están muy influidas por la diferente población de las comunidades autónomas y para evitar ese efecto calcula, además, la tasa de cobertura entre los ingresos y gastos del componente contributivo de pensiones. El promedio nacional es de 0,77 y solo Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla superan el 1 que determina que sus ingresos serían suficientes para pagar las pensiones: en concreto 1,10; 1,08 y 1,04, respectivamente.
La Comunidad de Madrid roza el equilibrio (0,99) y más alejadas aparecen Castilla La Mancha y Murcia (0,87), Canarias (0,84), Cataluña (0,82) y La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana (0,81). Entre todas destaca que País Vasco tiene una tasa de cobertura (0,60) inferior por ejemplo a la de Andalucía (0,73) «a pesar de disponer de una renta por habitante bastante superior».
Este trabajo de FEDEA apunta que «el funcionamiento de la Seguridad Social bajo el criterio de caja única ha permitido mutualizar las diferencias territoriales de renta, empleo y envejecimiento de la población, gracias a las transferencias realizadas por la Administración General del Estado sustentadas en los impuestos generales de los territorios de Régimen Común y la emisión de deuda pública». Añade entre sus conclusiones que «el componente contributivo de la Seguridad Social permite un intenso proceso de redistribución territorial de la renta en España, si bien no siempre se realiza a favor de las comunidades autónomas con menos renta».