La pregunta es si un conseller en activo, que tiene competencias sancionadoras, legislativas o reglamentarias, puede tener cobros pendientes de antiguos clientes que pueden verse afectados por esa nueva condición ejecutiva, legislativa, reglamentaria. O sancionadora. ¿Puede un miembro del Govern tener cobros pendientes de su etapa anterior fuera del Ejecutivo? Esa es la situación en la que se encuentra la consellera d'Habitatge, Marta Vidal. En la declaración de bienes que entregó a la Oficina Anticorrupción cuando fue nombrada consellera aparece una aclaración o una ampliación de datos en la que precisa que, entre sus bienes, incluye 41.340 euros «correspondientes a facturas emitidas durante mi ejercicio profesional que están pendiente de pago en la fecha de emisión de esta declaración».
La consellera dice que sí, que no hay problema de ninguna naturaleza para declarar ese dinero pendiente de cobro porque es una cuestión técnica. Explica que son facturas emitidas cuando no era consellera. Existe la factura, se ha entregado al cliente al que prestó sus servicios técnicos, pero la factura no se ha pagado y seguía pendiente de cobro cuando fue nombrada consellera. Señala que no son facturas emitidas a nombre de la empresa sino al suyo y precisa que, cuando planteó esta duda ante la Oficina Anticorrupción, en esos momentos dirigida por Cristòfol Milán, cuando le tocó hacer la declaración, la respuesta fue que hiciera constar esta deuda en el apartado de ampliación de datos.
Sin embargo, a pesar de las explicaciones de la consellera, no todo el mundo lo ve de una manera tan inocua porque creen que un conseller ni puede tener deudas privadas ni puede tener cobros pendientes una vez que está en su cargo. Fuentes parlamentarias creen que esa deuda vincula a la consellera con sus deudores y puede afectar a su actividad ejecutiva y condicionarla. De hecho, recuerdan que, para evitar que se mezclen los negocios públicos y privados, como puede pasar en este caso, la ley de incompatibilidades obliga a los altos cargos a desprenderse de sus empresas o declararlas. La consellera fue una de ellas, se desprendió de sus negocios, aunque durante dos meses compatibilizó cargo público y despacho privado. Por cierto, todo esto se ha sabido porque las declaraciones de bienes aún son públicas; en breve dejarán de serlo con la nueva ley que debe tramitarse a propuesta del PP.
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