Son ya varias las voces del sector sanitario las que se han alzado, junto con la del Ministerio de Sanidad, para solicitar el uso obligatorio de las mascarillas en los centros de salud y en los hospitales. En Baleares, lo han hecho ya el Sindicato Médico, el Col·legi d'Infermeres i Infermers o la Sociedad de Médicos de Familia (Ibamfyc).
La Consellera de Salut, sin embargo, advierte de que la presión asistencial no lo merece y de que se está creando «alarmismo social», en un momento que no va acorde con la realidad. Es más, Baleares presentará alegaciones al documento que el Ministerio les entregó a las comunidades el pasado lunes para implementar el uso obligatorio de mascarillas, no solo en el ámbito sanitario también en residencias o farmacias.
Más allá de los colectivos sanitarios, García apela a epidemiólogos y profesionales de la salud pública para defender que «no estamos en el momento epidemiológico de tomar estas medidas». La Consellera de Salut opina por otra parte que, antes de un Consejo Interterritorial el documento presentado para aprobar estas medidas debía haberse tratado con anterioridad en las comisiones nacionales de Emergencia y de Salud Pública. La decisión tomada por la Ministra Mónica García «es una intromisión a las competencias de las comunidades autónomas a través de un decreto de emergencia», ha añadido, aunque si hay que cumplirla, así se hará.
Pese a los acontecimientos, Manuela García, advierte de que no tiene una constatación escrita de que el Ministerio vaya a obligar a tomar ningún tipo de medida, sino que lo ha visto en redes y en los medios de comunicación. El mensaje en las Islas, reitera, es que «no estamos en pandemia ni hay una situación de emergencia». Por otra parte, «se cumplen con todos los requisitos para proteger a los pacientes vulnerables». García defiende que sea cada comunidad en función de su situación epidemiológica la que decida recomendar o prohibir medidas de prevención.