La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares ha avisado de que solo entre enero y febrero necesitará gastar 71.575 euros, principalmente en gastos de personal y corrientes, lejos de los 50.000 euros previstos en los Presupuestos autonómicos, que no llegan ni para pagar los sueldos de enero.
Para el organismo que dirige Tòfol Milán es «evidente» que el presupuesto aprobado es insuficiente «cuantitativa y cualitativamente» para hacer frente a los gastos de los dos primeros meses del año. Los 50.000 euros presupuestados, insisten, no cubren ni las nóminas del primer mes del año.
Según las previsiones de la Oficina, trasladadas en septiembre, el presupuesto debería ascender a algo más de 1,6 millones de euros. Sobre esto, han lamentado que desde que se enviara aquella previsión, no se haya recibido ninguna comunicación ni pedido ninguna aclaración.
A pesar de la intención de cierre manifestada por el Govern, el organismo ha recordado que mientras se tramita la proposición de ley que contempla su liquidación, la Oficina sigue abierta y obligada a afrontar las obligaciones inherentes a su funcionamiento.
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción critica el incumplimiento de las obligaciones de pago por falta de presupuesto y pide al Parlament, de quien depende, que adopte las medidas necesarias para afrontar la situación generada.
Desde el organismo consideran que se ha incumplido, por un lado, la ley de creación en lo que se refiere a las asignaciones presupuestarias «necesarias y adecuadas» (artículo 22 de la norma) y que, por otra parte, la ley de presupuestos de este año impide al director de la Oficina a aprobar incorporaciones de crédito con cargo a remanentes.
El organismo que dirige Tòfol Milán insiste en que mientras siga abierta, se tendrán que hacer frente a gastos derivados de personal, pagos a la Seguridad Social, alquiler del inmueble, energía eléctrica, comunicaciones telefónicas, licencias informáticas y limpieza y seguridad. Cabe recordar que los Presupuestos autonómicos para este ejercicio, aprobados en diciembre, únicamente contemplan 50.000 euros a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción después de que haya comenzado la tramitación de la ley que la eliminará.