El PP ha presentado una Proposición No de Ley (PLN) en el Congreso de los Diputados para actualizar las indemnizaciones por residencia de los funcionarios en Baleares y aumentar la cuantía en «como mínimo» 18 millones de euros más, de modo que el plus de insularidad alcanzaría los 232 euros mensuales por persona.
Así lo ha anunciado este viernes el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, en una rueda de prensa en la que ha señalado que actualmente se dedican 8 millones de euros a esta indemnización por residencia, que supone 74,6 euros mensuales para cada trabajador del servicio público estatal en Baleares.
Marí Bosó ha explicado que la finalidad es cubrir los puestos de la Administración General del Estado para «ser eficaces» en la prestación de servicios de los servicios públicos en Baleares porque «ningún servicio se presta con normalidad».
En esta línea, ha explicado que la actualización que propone la PNL supone un incremento «muy importante y sustancial», remarcando que los servicios públicos en las Islas «son un desastre» y «nadie quiere» trabajar en la Administración General del Estado en Baleares con las condiciones laborales que se ofrecen.
Asimismo, ha señalado que la última vez que se actualizó el plus de insularidad fue en 2006 y que «el incremento del coste de la vida ha sido importante durante este periodo». «El objetivo es adaptarlo a la realidad actual de la insularidad que no sólo produce una mayor carestía de la cesta de los bienes de consumo y servicios sino que en los últimos años ha encarecido los precios del mercado inmobiliario», ha apuntado el 'popular'.
Por otra parte, el portavoz adjunto ha criticado «el lío permanente» del Congreso, frente a «la estabilidad, seguridad y tranquilidad» del Senado que «han caracterizado los primeros meses de la legislatura».
Sobre esta cuestión, ha insistido en que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, es «el brazo ejecutor del sanchismo en el Congreso, la ministra 23». Una cuestión que el 'popular' ha asegurado «no había pasado nunca en 45 años de democracia», en referencia también a que «no se han aplaudido sus dos discursos institucionales porque se trataban más de mítines políticos».
«Es tributaria de una hipoteca, la de su nombramiento como presidenta del Congreso de los Diputados», ha continuado Marí Bosó, criticando las actuaciones de Armengol como presidenta en lo que va de legislatura. Además, ha cuestionado la actitud «despótica y soberbia» de la presidenta, algo que «no supone una novedad porque es la misma que tenía cuando era presidenta autonómica».
Marí Bosó se ha referido al «numeroso cúmulo de irregularidades, cacicadas y despropósitos». En concreto, ha asegurado que «ha incumplido la legislación al aplicar la reforma del reglamento para el uso de lenguas cooficiales antes de haberse votado, ha incumplido los requisitos del reglamento del Congreso al dar grupo propio a ERC y también se ha inventado un voto nulo, cuando reglamentariamente sólo se puede votar sí, no o abstención».
También ha reprochado «problemas con la votación telemática», así como «contrataciones irregulares en materia de traducción». «Además, no consigue garantizar la traducción simultánea en las comisiones», ha añadido.
Igualmente, ha subrayado que «es grave» que Armengol «se ha pasado por el forro» el informe de la Comisión de Justicia que señala que «la amnistía no cabe en la Constitución». «Debería paralizarse la tramitación de la Ley de amnistía», ha constatado.
Marí Bosó también ha aprovechado para celebrar la aprobación de la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido'. «Es un paso trascendente que tendríamos que haber dado hace muchos años», ha considerado.
En esta línea, ha felicitado a las entidades del tercer sector social, a asociaciones y a los partidos políticos que «fueron capaces de ponerse de acuerdo». Así, Marí Bosó ha destacado el «gran consenso de las fuerzas políticas, también entre el PSOE y el PP».